Las guarderías andaluzas vuelven a estar con el agua al cuello y reviven la angustia por la que ya pasaron hace menos de tres meses: la Junta no les paga las bonificaciones de los alumnos y los empresarios ya han tenido que recurrir a los bancos para pedir créditos con los que abonar las nóminas de sus trabajadores. A estas alturas del mes de octubre, la Consejería de Educación debe los meses de julio y septiembre, teniendo en cuenta que decidió suprimir los pagos correspondientes al mes de agosto, cuando los centros de infantil están cerrados con motivo del mes de vacaciones. Aunque los trabajadores siguen cobrando.

En algunos casos, algunas guarderías incluso han planteado el cobro directo a las familias como solución provisional hasta que la Junta se ponga al día y salde su deuda. A cada uno de los 265 centros de educación infantil conveniados que existen en la provincia (109 en la capital) les debe una media de 10.000 euros por cada mes de retraso. Es decir, que la deuda acumulada ronda ya los 20.000 euros en cada caso.

La mayoría de las guarderías son pequeñas y medianas empresas a cuyos responsables, la mayoría autónomos, les cuesta Dios y ayuda tener que adelantar estas cantidades de sus bolsillos. O eso o cierran. De ahí que recurran a créditos bancarios (cuando las entidades financieras no se los niegan), pidan a sus trabajadores que sigan prestando servicios a la espera de cobrar (cuando aceptan), o piden la colaboración de las familias para que paguen el total de la plaza ante el olvido de la administración, algo que cuando no raya la ilegalidad, roza lo imposible, ya que los padres, si requieren esta ayuda, es porque precisamente no tienen medios.

Cada niño, en función del nivel de renta familiar, recibe una bonificación para abonar los 278,88 euros que cuesta su estancia en el centro, aunque la Junta en mesa de negociación estimó que el precio por plaza es de 380 euros. Aproximadamente el 92% de las familias tiene algún tipo de bonificación (el 8% restante lo pagarían de su bolsillo, como si fuera una guardería privada) y el 32% de ellas no pagan nada ya que la subvención cubre el cien por cien de los gastos.

Según Educación, las aportaciones de la Junta de Andalucía habían ascendido a 17,2 millones de euros el curso pasado. Sin embargo, los impagos de la administración autonómica han convertido en dramática la situación de muchos centros. Otra vez, porque en julio ya pasaron por el mismo mal rato. Entonces la Junta les debía mayo y junio. En los primeros días de agosto, Educación hizo efectivo el pago de mayo y en los primeros días de septiembre, libró la partida para hacer frente a los pagos de junio.

El secretario general de la CECE en Andalucía (Confederación Española de Centros de Enseñanza), explica que «los problemas de tesorería de la Junta son conocidos y no sólo afectan a la educación». Desde su punto de vista, cobrar a las familias la plaza completa, de forma directa, sería una «medida extraordinaria y eventual». «Estaríamos hablando de sólo un mes y ese dinero les sería devuelto en el momento que las guarderías ingresaran lo que les adeuda la Junta», sostiene.

Además de por la deuda, las guarderías se quejan de la falta de transparencia y escasa información que reciben de la Junta. «No podemos siquiera organizarnos», se lamenta Mario Arregui, copropietario de la Escuela Infantil Brunet de Churriana, que pone como ejemplo el tema de las vacaciones de agosto. «Nos enteramos por los medios informativos de que agosto no nos lo iban a pagar. ¿Qué supone eso? Pues que las escuelas deben pagar de su bolsillo las vacaciones de los empleados», señala.

Arregui es de los que ha optado por pedir un crédito para poder pagar las nóminas y descarta cobrar a las familias. «Estamos atados de pies y manos», señaló. En el caso de esta guardería, las bonificaciones representan el 70% del dinero que recibe por sus servicios, y tiene que trabajar con sólo un 30% de ingresos, el que aportan los padres, «que con la crisis cada vez tienen menos recursos y necesitan más subvenciones».

La delegada territorial de la Consejería de Educación en Málaga, Patricia Alba, explicó ayer que la Junta ha abierto un canal de diálogo con las empresas debido a sus problemas de falta de liquidez. «En el ánimo de la Consejería está que esta situación no se dilate más y se solucione», dijo.