La polémica por el incremento de las tasas judiciales llegará también al pleno de este jueves del Ayuntamiento de Málaga, y lo hará a través de una moción del PSOE, en la que se solicitará a la Corporación municipal instar al Gobierno central a que derogue esta ley.

Para la portavoz municipal socialista, María Gámez, con la nueva Ley de Tasas Judiciales aprobada por el Partido Popular "al ciudadano le va a costar mucho dinero defender sus derechos ante la Justicia".

Ha recordado que el PSOE ya ha anunciado que recurrirá esta ley ante el Tribunal Constitucional, al considerar que "se trata de una norma claramente inconstitucional porque vulnera el derecho de tutela judicial efectiva, impide y obstaculiza el acceso de los ciudadanos a la Justicia para la defensa de sus derechos y modula que sólo quienes tienen recursos económicos puedan realmente acceder a ella".

Gámez ha añadido, al respecto, que también la Junta de Andalucía está estudiando llevar la ley al Tribunal Constitucional porque "limita el acceso y disuade a la ciudadanía de recurrir a la Justicia", además de "suponer un ataque a una parte importante de la ciudadanía que no dispone de recursos económicos para ello".

Y es que, según ha subrayado a Europa Press, esta nueva ley "vulnera la tutela judicial efectiva". "Las tasas que establece el Gobierno son tan desproporcionadas e inalcanzables económicamente para un significativo porcentaje de la población que supone, de facto, obstaculizar que la mayoría de los ciudadanos puedan acudir a la Justicia, en defensa de sus intereses y derechos", ha manifestado.

En este sentido, la concejala socialista ha incidido en que "unas tasas tan elevadas resultarán también disuasorias porque en algunos casos son superiores a la cuantía del pleito, es decir, a lo que se obtendría en caso de ganar el juicio".

"Pero, por encima de todo, la nueva medida del Gobierno de Mariano Rajoy rompe el principio de igualdad", ha advertido Gámez, en tanto que "ahora sólo podrá acceder a la Justicia el que tenga dinero". De hecho, ha aludido a las palabras del propio Consejo General de la Abogacía, que ha reconocido que esta ley "consagra una Justicia para ricos y otra para pobres, impidiendo el acceso a ella a un gran número de ciudadanos".