Una de las medidas más usadas por los jueces para tener controlados a los justiciables es imponerles la firma semanal, quincenal o mensualmente en sede judicial. Antes, los imputados acudían tranquilamente a estampar su rúbrica a un mostrador de la Ciudad de la Justicia, porque la dispersión de las bases de datos policiales y judiciales impedía que el funcionario de turno supiera que quien firmaba estaba, a su vez, siendo buscado por otro órgano. Hoy, eso es historia, porque la interconexión de los archivos en julio de 2011, al menos en el terminal informático del Servicio de Presentaciones, ha permitido la captura de 45 fugitivos que acudieron a cumplir con la obligación impuesta.
En la jerga jurídica, esto se conoce como la obligación apud acta. Hay historias urbanas que narran anécdotas supuestamente reales del asesino que se presenta en sede judicial a confesar su crimen y el empleado de turno le dice aquello de vuelva usted mañana sin comprobar ni siquiera sus datos.
Para acabar precisamente con esa impunidad al ir a presentarse ante la autoridad judicial, el Juzgado Decano ideó un sistema pionero que se aplicó también en Valencia a partir de julio de 2011: poner un mostrador en la antesala del Juzgado de Guardia en el que, además de funcionarios de Justicia, encargados de recoger la firma de los imputados, hubiera una pareja de la Policía Nacional.
Así, una vez que el individuo del que se tratase llegara a poner su rúbrica en el papel, se introducen sus datos en los terminales informáticos, debidamente conectados con las bases de datos judiciales y policiales. Con ello, es posible determinar si el individuo está en busca y captura por un órgano de Instrucción, uno de lo Penal o la Audiencia Provincial. Y no sólo de los juzgados malagueños, sino de los de todo el país. Esta experiencia pionera, por tanto, ha permitido capturar a 45 personas desde julio de 2011, según informó a La Opinión de Málaga el juez decano, José María Páez.
«Ello demuestra el éxito de una iniciativa que ha tenido un bajo coste, sin necesitar de una gran inversión; y pone de manifiesto lo importante que es gestionar coordinadamente los recursos de los que disponemos», precisó Páez, quien recordó que esta medida fue propuesta por los decanos españoles, que, por cierto, también dieron un paso al frente con el asunto de los desahucios.
La Junta de Andalucía, de hecho, también ha jugado un papel fundamental en la puesta en marcha del Servicio de Presentaciones del Juzgado Decano, ubicado en la antesala del juzgado de guardia. «El terminal electrónico se interconecta con la policía y los juzgados», subraya el decano.
El trabajo de los funcionarios y de los policías nacionales es ingente, puesto que cada mes acuden a firmar 1.500 personas implicadas en diversos asuntos judiciales.
Incluso, explicó el decano, se ha detectado un desplazamiento a otros partidos judiciales cercanos, como Vélez Málaga o Torremolinos, de quienes tienen que cumplir la obligación apud acta impuesta por los jueces, con el fin de evitar precisamente que se conozca si existen órdenes de busca y captura respecto a ellos y no llevarse un mal rato tras poner su firma en negro sobre blanco.
La idea es que este sistema se extienda a todos los partidos judiciales del país una vez que pase su fase piloto. De momento, está siendo un éxito.
Los decanos siempre han apostado por medidas de coste cero. Los jueces decanos españoles, que se reúnen cada año para analizar el estado de la Justicia, realizaron en las conclusiones de su último encuentro, celebrado la primera semana de noviembre en Barcelona, una apuesta por soluciones imaginativas de coste cero que pueden contribuir a desatascar los juzgados y a liberar de trabajo a los jueces. La de unificar las bases de datos tuvo un coste testimonial, básicamente la inversión en varios terminales informáticos por parte de la Junta de Andalucía. En los últimos tiempos, los decanos también han alzado la voz contra algunas de las medidas gubernamentales que no comparten para nada, como por ejemplo la actual Ley Hipotecaria, o la Ley de Tasas Judiciales. En este segundo punto, los decanos reclaman tarifas judiciales más moderadas, no las actuales, desproporcionadas y disuasorias. La batería de medidas afecta prácticamente a todos los ámbitos de la Justicia.
