El delegado de Salud y Bienestar Social en Málaga, Daniel Pérez, se reunió ayer con representantes de Aspromanis y las Hermanas Hospitalarias Sagrado Corazón de Jesús para hablar de la suspensión del convenio de la Diputación de Málaga para el mantenimiento de las plazas residenciales destinadas a personas con discapacidad gravemente afectadas que allí se hospedan. De este modo, mostró su preocupación ante la decisión adoptada por la Diputación de retirar la financiación de 25 plazas -16 en Aspromanis y 9 en Hermanas Hospitalarias Sagrado Corazón de Jesús- abandonando el compromiso mantenido durante 28 años con estas entidades y dejando sin atención residencial a los usuarios de dos centros ubicados en la capital malagueña.

Así, señaló que con la decisión el PP demuestra que no le interesan las políticas sociales. En las reuniones, Pérez manifestó que «es en estos momentos cuando los responsables de las administraciones públicas debemos hacer esfuerzos por mantener las prestaciones sociales en lugar de utilizar la crisis económica como coartada para desmantelar la red de servicios sociales que tanto nos ha costado construir». De este modo, destacó que la coyuntura económica actual imposibilita que la Junta asuma una responsabilidad que tradicionalmente le ha correspondido a otra institución pública, pese a la voluntad manifestada desde la Junta para hacerse cargo de dichas plazas residenciales.

En este sentido, la Diputación negó en una nota de prensa que haya cancelado el convenio y señaló que en 2013 volverán a atender a estas personas y sus plazas. Así, la vicepresidenta tercera, Ana Mata, explicó que el ente ha propuesto a la Junta suscribir un convenio de colaboración que evite la incertidumbre año tras año a los usuarios toda vez que la institución provincial se hace cargo de estas personas pese a que las competencias corresponden a la Junta.