La Junta de Fiscales de Málaga decidió en la tarde del pasado martes elevar una consulta a la Fiscalía General del Estado sobre diversos aspectos relacionados con el centenar de casos de sustracción de bebés que se tramitan en las diversas instancias judiciales de la provincia. En concreto, los aspectos sobre los que se plantearán preguntas son relativos a la calificación de los delitos y al periodo de prescripción de éstos.
Fuentes del ministerio público aseguraron que la idea es «que haya una única postura», después de que las víctimas se hayan quejado de la catarata de archivos judiciales de los últimos meses, ya que los jueces entienden que no hay autor conocido, o que los delitos simplemente han prescrito.
La discusión jurídica está siendo intensa entre los expertos, de ahí que las fuentes consultadas reconozcan los distintos criterios existentes en cuanto a los delitos y a la prescripción.
No en vano, el propio fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, trata de elaborar una circular para unificar criterios en estos procesos. En relación al primer punto, la pregunta fundamental es: ¿qué delito se cometió en la sustracción de un bebé? Los jueces abrieron diligencias por usurpación del estado civil y detención ilícita. Algunos juristas sostenían que ambos tipos no prescriben, pues la usurpación y la detención perduran hasta que dejan de producirse. Otros creen que eso no es así.
Las asociaciones, en su desesperación, incluso llegaron a adherirse a la querella que instruye una conocida juez argentina por los crímenes del franquismo. Los delitos contra la humanidad no prescriben nunca.
El encaje jurídico de los delitos que afectan a los casos de robos de bebés es que éstos fueron cometidos por funcionarios del régimen dictatorial, médicos y enfermeros.
La Fiscalía General del Estado ha detectado, por tanto, la falta de uniformidad en las decisiones que se están adoptando en las distintas fiscalías provinciales, por lo que quiere fijar una única postura.
Torres-Dulce pretende que la circular aborde cuestiones sobre la aplicación o no del delito de asociación ilícita o de detención ilegal, así como la prescripción de estos delitos.
En Málaga, son ya doscientas las familias representadas en la Asociación de Bebés Robados de Andalucía (Aberoa), que preside Isabel Agüera, una de las pioneras en la lucha contra la impunidad de estos crímenes cometidos desde mediados de los cuarenta hasta principios de los noventa.
Pasos a seguir para denunciar la supuesta sustracción de un bebé. En primer lugar, el colectivo reclama que, si hay sospechas, se dirija la familia al centro hospitalario afectado para pedir la documentación clínica existente en el archivo.
Luego, hay que acudir al Registro Civil para solicitar el legajo de aborto, si el bebé murió a las 24 horas; o, por el contrario, el certificado de nacimiento y el de defunción, si vivió más de un día. Como tercer paso, hay que acudir al camposanto en el que se produjo la inhumación del familiar fallecido, para solicitar el certificado de enterramiento. Por último, se ha de interponer una denuncia ante la Fiscalía, la policía o el juzgado de guardia. Seguidamente, la maquinaria judicial se pone en marcha. En Málaga hay casi 100 denuncias en marcha y en el seno de la asociación Aberoa ya cuentan con dos centenares de afectados. Muy pocos casos relativos a la sustracción de bebés están avanzando en los tribunales debido al tiempo transcurrido desde su acaecimiento.
