Dos Hermanas

Rosa, en una cárcel sin ascensor

La mayoría de los vecinos del bloque 9 de la calle Masso Roura, de cinco plantas, tiene problemas de salud y lleva años reclamando a la Junta la instalación de un ascensor

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Rosa Franquelo, en su casa de la calle Masso Roura, de la que sólo ha salido para el hospital y el entierro de su marido.
Rosa Franquelo, en su casa de la calle Masso Roura, de la que sólo ha salido para el hospital y el entierro de su marido. Arciniega

El caso más grave, el de Rosa Franquelo, de 87 años, una anciana en silla de ruedas que lleva unos 13 años sin poder bajar a la calle

Alfonso Vázquez En su pequeño cuarto de estar Rosa Franquelo tiene el televisor enfrente y a eso se reduce su vida diaria desde hace unos 13 años, a ver la televisión. «Nada más he salido de aquí para el entierro de mi marido hace ocho años y para ir al hospital cuando me caí y me partí el pie», cuenta.

A sus 87 años y sin poder tenerse en pie, sólo tiene un deseo: que su bloque de Dos Hermanas, con más de medio siglo de existencia, cuente con ascensor y pueda salvar, apretando un botón, las dos plantas que le separan de la calle. «Siquiera que pueda salir y me dé el aire».
Su hijo Manuel, de 52 años, le coloca a diario en el sofá pero no puede bajarla por las escaleras en la silla de ruedas. «Ella pesa mucho y además la silla; tuve un susto y ya no me fío», cuenta.

En este bloque de viviendas sociales de Dos Hermanas, de cinco plantas y en el que viven 30 familias, abundan casos como el de Rosa, vecinos con enfermedades serias que se ven imposibilitados de bajar y subir por las escaleras. «A mi mujer la han operado de la pierna y hasta que pueda bajar escaleras puede tirarse en casa tres o cuatro meses», calcula Ángel González, vicepresidente de la comunidad de propietarios del edificio.

El bloque, en el número 9 de la calle Concejal Masso Roura, llegó tarde a la solicitud de subvención de la Junta para instalar un ascensor. Según los vecinos, porque Epsa, la empresa de suelo de la Junta, les dio mal la fecha de presentación de solicitud. A partir de ahí, y dada la situación, desde 2009 los dos últimos delegados de Vivienda de la Junta en Málaga, Josefa López y Enrique Benítez, se comprometieron a buscar una solución para el bloque.

Sin embargo, como denuncia José Aguilar, presidente de la comunidad, vista la ausencia de resultados, le ha costado Dios y ayuda recuperar los papeles de la solicitud enviados en su día a Epsa, «porque voy a denunciar el caso ante el Parlamento andaluz», al tiempo que lamenta que las gestiones del portavoz parlamentario de IU, José Antonio Castro, se hayan quedado en agua de borrajas.

José Aguilar critica que la Junta no instalara el ascensor mientras estuvo rehabilitando la barriada. Además, recuerda que desde 1961 y durante cinco años, los vecinos tuvieron que pagar cuotas mensuales de 222 pesetas, «en unos tiempos en los que la gente no ganaba ni 500 pesetas», para luego pasar a pagar hasta mediados de los 90 una cuota de 380 pesetas, saldándose la adquisición de los pisos –después de 35 años pagándolos– con una liquidación de unas 25.000 pesetas por piso. «Por eso, ¿ quién ha pagado la rehabilitación?, están más que pagados por los vecinos», plantea el presidente, que cree que por eso el bloque tiene derecho al ascensor.

El actual delegado de Vivienda, Manuel García Peláez, se comprometió a estudiar el problema, aunque también pidió documentación aportada por los vecinos. «Hasta que no tengamos presupuesto no sabré por dónde irán las partidas de rehabilitación, a ver si hay algún tipo de registro de los vecinos para ver cómo podemos actuar», dijo.

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