Piden nueve años para el exregidor de Benadalid por malversación y fraude

En concreto, la Fiscalía acusa al exalcalde de haber adquirido, por contrato de compraventa, el 21 de septiembre del 95 «la totalidad de las participaciones de la mercantil La Posada de Benadalid». En concreto, se pagaron más de 72.000 euros a los dueños.

Según el fiscal, el exregidor «manifestó que se hallaba expresamente facultado por el pleno del ayuntamiento de 18 de septiembre de 1995, aportando, a sabiendas de su falsedad, y de que carecía de autorización alguna o fotocopia fehaciente del acta de dicho pleno». Es más, señala el ministerio público que ese pleno nunca se llegó a realizar, «y todo ello sin que dicha operación constara en los presupuestos municipales, procediendo el abono de dicha cantidad de los fondos públicos».

La finalidad de la adquisición era construir un hotel en el pueblo. El acusado inscribió la finca urbana perteneciente a la mercantil en el Registro de la Propiedad de Ronda, a nombre de la sociedad, precisa la Fiscalía, que añade que él fue administrador general, presidente y secretario de la Junta de socios desde el 21 de septiembre del 25 hasta el 23 de enero del 98. Luego cesó en sus cargos, y le sustituyó un exalcalde de Gaucín, amigo personal suyo.

Por otro lado, asegura el ministerio público en el escrito, «el alcalde, aprovechando su condición de presidente de la corporación municipal y a sabiendas de su falsedad, solicitó diferentes subvenciones a la Administración General del Estado, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Málaga, simulando en los plenos y en las solicitudes realizadas que se trataba, el hotel-posada, de un bien patrimonial del Consistorio, cuando realmente había sido incorporado al patrimonio» del acusado.

El procesado acordó la apertura de un expediente informativo al efecto, «no existiendo contabilidad alguna de la actividad del Ayuntamiento hasta 2002». Es más, había tres cuentas a nombre del mismo, «que operaban sin que existiera constancia de las mismas por parte del pleno y de los secretarios interventores», siempre según la Fiscalía. Por tanto, no se conoce el montante global de las subvenciones concedidas al Ayuntamiento para la construcción del hotel-posada, ni su destino. En total, se ha acreditado la recepción de 250.523 euros. El proyecto del hotel jamás se llegó a concluir, y hoy en día se encuentra en una situación de abandono.

Penas pedidas por el fiscal. Por la falsedad, el fiscal pide cuatro años de cárcel, multa de veinte meses a razón del pago diario de 20 euros, y cuatro años de inhabilitación, mientras que por la malversación se le reclaman dos años y un cuatrienio de inhabilitación para cargo público. Asimismo, la Fiscalía pide en su escrito de conclusiones provisionales tres años de cárcel y una multa superior al millón de euros por el delito de fraude de subvenciones, es decir, el cuádruplo de las sumas presuntamente defraudadas, amén de tener que indemnizar a todas las instituciones que dieron subvenciones.