Los rectores de las universidades públicas españolas no se resignan a ver cómo sus científicos se tienen que quedar de brazos cruzados y parar de trabajar por culpa de los recortes. O que tengan que ralentizar sus proyectos de investigación. Las consecuencias sociales serían dramáticas y España se quedaría sin recursos para competir en un mundo cada vez más globalizado. Por eso, han vuelto a la carga. Ayer, el mismo día y a la misma hora, en una acción coordinada sin precedentes, «dada la gravedad de la situación», leyeron un comunicado conjunto en el que exigen que se mantenga la financiación pública en I+D+i y alertan de que la reducción de la inversión en un 80%, como el Gobierno prevé incluir en los Presupuestos Generales del Estado, supondría un «deterioro irreparable».

De alguna manera, Adelaida de la Calle, que por algo es presidenta de la Conferencia de Rectores (CRUE), lidera esta rebelión que, como ella mismo ayer se encargó de dejar claro, no es contra el Gobierno, sino en defensa de la educación superior en España. La Universidad ya no pide que se aumente la inversión, sino que, al menos, se mantenga. Piden lo mínimo, lo suficiente para que los investigadores puedan seguir produciendo innovación científica y transferible.

Desde su punto de vista, no invertir en educación ni en I+D+i «es lo más caro que le puede costar a este país en un momento de globalización económica como el que estamos viviendo». Esto lo dijo después de dar lectura al manifiesto que los rectores españoles llevan preparando desde mediados del mes de noviembre, bajo el título «La Universidad, garantía de futuro». De la Calle considera que las instituciones académicas en tiempos de crisis son las mejores herramientas y pueden convertirse en motores del desarrollo económico y social en una sociedad que se basa, precisamente, en el conocimiento.

El comunicado es claro y preciso en cuanto a las consecuencias que, a juicio de los rectores, se derivarán de la disminución del 18% en educación superior y de un 80% en los gastos no financieros en I+D+i: «Llevará a nuestro país a la pérdida del tren del desarrollo tecnológico, hipotecando la investigación y los mayores avances en la frontera del conocimiento».

«Sin conocimiento no habrá progreso», insisten los rectores, quienes señalan que el endeudamiento de las comunidades autónomas, junto con el deterioro de las transferencias de las partidas destinadas a las universidades, «están conduciendo a nuestro sistema universitario a una situación cercana a la asfixia económica».

Por este motivo, en el manifiesto piden que la investigación, el desarrollo y la innovación, «que van intrínsecamente unidas entre sí, sean consideradas como una inversión y no como un gasto».

Las universidades, por su parte, se comprometen a incrementar la eficacia de estas instituciones y a colaborar con las administraciones públicas «para ayudar a resolver este grave problema económico y para seguir trabajando por un futuro sostenible para las universidades españolas», ya que si éstas pierden calidad, no sólo perderán las universidades, «sino que perderemos todos».