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El Parlamento andaluz convalida el decreto de protección del litoral no urbanizado

La norma, que suspende la tramitación urbanística de estos suelos, afectará a 52 municipios costeros

 05:00  

Europa Press El pleno del Parlamento convalidó ayer, con los votos a favor de PSOE-A e IULV-CA y el rechazo del PP-A, el decreto-ley sobre medidas urgentes para adecuar la planificación urbanística de los ayuntamientos a la realidad actual y a las exigencias de sostenibilidad fijadas por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) en el ámbito litoral. PSOE-A e IU-CA rechazaron la tramitación del decreto como proyecto de ley, algo que había solicitado el PP.

Entre las medidas, se incluye la suspensión cautelarmente de la tramitación urbanística de los suelos urbanizables no desarrollados de aquellos municipios litorales no adaptados al POTA y que, por tanto, no garantizan su adecuación a las previsiones de crecimiento contenidas en el mismo.

El consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, que intervino ante el pleno del Parlamento, indicó que Andalucía ha sido una comunidad pionera en todos los procesos de ordenación y conservación del territorio, apuntando que el desarrollo ordenado y sostenible del suelo es un activo económico de primera magnitud y que la creación de riqueza pasa hoy por la calidad y la sostenibilidad.

Como principal novedad, el decreto-ley dispone la elaboración del Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, que permitirá proteger los espacios no urbanizados y evitar el deterioro del paisaje y la pérdida de ecosistemas valiosos, así como incrementar la calidad de la franja costera. Para garantizar las previsiones del plan durante su proceso de elaboración, el decreto-ley suspende cautelarmente la tramitación urbanística de los suelos urbanizables no desarrollados de aquellos municipios litorales no adaptados al POTA y que, por tanto, no garantizan su adecuación a las previsiones de crecimiento contenidas en el mismo.

Esta suspensión, de carácter inmediato, afectará a 52 municipios costeros –once de ellos en Málaga– y estará en vigor hasta que el plan se someta al trámite de información pública, en el plazo de seis meses.

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