La reforma de la Ley de Costas, que salvará de la piqueta a miles de chiringuitos y casas de la playa, entre ellas las más de 500 casas levantadas en las playas de Pedregalejo y El Palo, pasó ayer su primer examen en el Congreso por el voto mayoritario del PP, que rechazó además las cinco enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos de la oposición y que pedían su devolución porque sólo «favorece la especulación».
En su defensa, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, argumentó la necesidad de cambiar una ley, ya vieja (25 años), de «muy difícil aplicación», que ha creado muchos problemas y no ha sido eficaz en su principal objetivo: la protección de un litoral que en estos años ha sufrido su mayor degradación, con la «masificación urbanística».
La futura aprobación de la reforma de la Ley de Costas supondrá el «indulto», al menos por 75 años de las 517 viviendas construidas en la ribera marítima de Pedregalejo, El Palo y La Araña, que quedarán excluidas del dominio público marítimo terrestre, lo que supone una legalización encubierta de esas viviendas que hasta ahora estaban amenazadas de demolición al estar levantadas sobre suelo público marítimo.
El nuevo texto precisa que los suelos donde se levantan estas viviendas se incorporarán al patrimonio del Estado como bienes patrimoniales y se regirán por lo determinado en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas.
Esta es la única pega que ponen los propietarios de estas viviendas, según un portavoz de la asociación de vecinos de El Palo, ya que la nueva ley no prevé que esos suelos queden desafectados y no permite que las viviendas puedan ser escrituradas a nombre de sus propietarios, que es otra de las reclamaciones que siempre han mantenido sus inquilinos. Sí las podrán vender y hacer reformas sin permiso siempre que no aumenten de altura ni volumen.
