Sanidad

Los usuarios de ambulancias pagarán 5 euros por trayecto, con topes por renta

En Málaga cada año usan el servicio 730 enfermos de ictus y 850 de hemodiálisis

 05:00  
Las ambulancias cobrarán por traslados.
Las ambulancias cobrarán por traslados.  La Opinión

Marina Fernández / Agencias Primero fue el copago farmacéutico y ahora el de traslados en ambulancia. El Gobierno concretó ayer que los ciudadanos que tengan que usar una ambulancia para trasladarse a un centro sanitario deberán pagar 5 euros por trayecto, aunque esta cantidad no será fija dado que se establecerán límites mensuales o semestrales para estos pagos en función de su renta o de si se trata de enfermos graves o crónicos. A modo de ejemplo, en Málaga hay un total de 730 pacientes anuales aquejados de ictus que usan estos servicios y 850 de hemodiálisis. Pero habría que sumar, entre otros, los que acuden a tratamientos oncológicos, según el SAS. Así lo recoge el borrador de la Orden que regula la cartera de servicios del transporte sanitario no urgente, es decir el que se requiere para «enfermos o accidentados que no se encuentran en una situación de urgencia o emergencia, y que por causas exclusivamente clínicas están incapacitados para desplazarse por su propios medios a un centro».

Los usuarios de ambulancias tendrán que abonar por trayecto el 10% del mismo, que según Sanidad se fija en 50 euros, con lo que el ciudadano pagará 5 euros por viaje (5 de ida y 5 de vuelta). Aún así, se establecen unos límites mensuales para la aportación del usuario en función de su renta. De este modo, los asegurados o pensionistas y sus beneficiarios con una renta igual o superior a 100.000 euros pagarán un máximo de 60 euros mensuales; los que perciban entre 18.000 euros o 100.000 tendrán un límite de 20 euros al mes, y quienes ganen menos de 18.000 euros sólo abonarán como mucho 10 euros al mes. Las personas que cuenten con regímenes especiales de la Seguridad Social gestionados por mutualidades de funcionarios también tendrán el límite de los 10 euros.

Pero si los casos citados anteriormente son enfermos que requieran traslados periódicos por un periodo superior a seis meses y con una frecuencia de al menos cuatro traslados semanales (dos de ida y dos de vuelta), pagarán lo mismo que los límites establecidos para un mes pero al semestre. Estarán exentos de pagar el servicio de ambulancia los afectados por el síndrome tóxico, los discapacitados, las personas con rentas de integración social y con pensiones no contributivas además de los parados que no cobren ningún tipo de prestación. Además, tampoco pagarán quienes necesiten tratamiento debido a un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, dado que su financiación correrá a cargo de la mutua, aseguradora o entidad correspondiente. El usuario de la ambulancia tendrá que hacer el pago a la autonomía que se haga cargo del traslado. Este texto ahora tendrá que ser evaluado por la Comisión Delegada de Sanidad y posteriormente por el Consejo Interterritorial, en el que participan todas las comunidades y el Ejecutivo.

Por su parte, la consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, reprochó que Rajoy «siga penalizando a los enfermos con la hoja de ruta que desde el PP han marcado perfectamente». Además, avisó de que «en cartera» estaría la «penalización» a los productos dietoterápicos para aquellas personas que necesitan consumir este tipo de productos «para mejorar su calidad de vida». «Ahora el Ministerio plantea este borrador para pagar 20, 40 o 120 euros anuales en función de su nivel de renta, lo cual es un claro perjuicio para las personas que ya de por si tienen un problema de salud grave», dijo, al tiempo que avisó de que no se trata de una medida «eficiente».

La asociación de consumidores Facua denunció la «crueldad del Ministerio de Sanidad con los más débiles» y apuntó a que penaliza la enfermedad y atenta contra el principio de igualdad, al hacer pagar a los ciudadanos que no tienen otros medios para recibir los tratamientos que, en muchos casos, necesitan para poder sobrevivir.

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) lo criticó porque a su juicio supondrá un nuevo «copago» con efectos muy negativos para las personas con más problemas de salud. El defensor del Paciente cree que morirá gente.

Podría afectar a un 50% de los usuarios. El presidente de la Asociación de Empresas de Ambulancias de Málaga, José Miguel Durán, estimó ayer que aproximadamente un 50% de los usuarios de ambulancias tendrán problemas para acceder a estos servicios o deberán pagarlos. Así, señaló que el sector duda sobre cómo se aplicará este copago. «Es la gran incógnita, no sabemos como se va a efectuar, en una farmacia es fácil, es una ambulancia, no». Durán reconoció que la medida no les es «agradable» y que hará que muchos pacientes dejen de usarlas por los costes.

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