La Fiscalía, los abogados, los procuradores y los jueces han llegado a un principio de acuerdo para impulsar las conformidades previas al juicio, lo que se haría con el señalamiento de una comparecencia previa al plenario en la que no se citaría ni a testigos ni a peritos, y en la que el juez de lo Penal le preguntaría directamente al acusado si está conforme con la pena solicitada, lo que ahorraría la posterior vista oral y mucho dinero a las arcas públicas.

El pasado viernes se celebró una reunión de alto nivel en la Ciudad de la Justicia con presencia de los representantes de los distintos colectivos judiciales, donde se llegó a este punto mínimo de consenso, aunque el protocolo se limará el 18 de enero, fecha del próximo encuentro.

Hasta ahora, era habitual citar a testigos y a peritos para una determinada vista. En muchas ocasiones, un juzgado de lo Penal celebra hasta siete u ocho juicios en una mañana. Los retrasos son considerables, y, por tanto, los citados pierden toda la mañana o ven cómo se suspende el proceso sine die. Los desplazamientos de peritos, y de algunos testigos, los abona el Estado. Y el juez pierde un tiempo precioso que podría dedicar a poner otras sentencias, reduciendo así el enorme colapso existente en los 14 órganos de lo Penal.

La idea es, antes del juicio, hacer una comparecencia previa en la que el acusado diga sí o no a las pretensiones del fiscal. Eso sí, será el ministerio público el encargado de seleccionar los casos, estudiarlos y proponer, tras negociar con la defensa, la conformidad, que suele conllevar una rebaja en la pena. Ésto se aplicaría, en principio, a los delitos castigados con penas inferiores a dos años de prisión, los que ocupan en su mayoría a los jueces. Es decir, antes del juicio habrá una vista previa, que culminará la correspondiente negociación.

Si se tiene en cuenta que un juicio medio cuesta 1.800 euros, el ahorro puede ser muy considerable. Algunos responsables judiciales estiman que el número de juicios se podría reducir hasta en un 40%. En 2011, los 14 juzgados de lo Penal celebraron 34.604 juicios, un número que caería ese porcentaje con la vista preliminar. Si a esa cifra se le suman los 15.877 juicios rápidos que hubo en los juzgados de Instrucción, los plenarios totales -más de 50.000- podrían reducirse hasta en un 60%. Todo un alivio para los órganos jurisdiccionales.

El contribuyente gastaría mucho menos dinero en Justicia, lo que podría servir para reorientar la inversión en este servicio público. No se haría perder el tiempo a los citados, y los jueces, explican las fuentes consultadas, podrían dedicarse a lo que tienen que hacer.

El 90% de su trabajo se lo llevan juicios por delitos contra la seguridad del tráfico, hurtos, robos con distinta gradación, lesiones menores, etcétera... y éstos son precisamente los susceptibles de buscar la conformidad.

La idea es extender este proceder, en el futuro, a los delitos más graves. Para preservar la independencia judicial, será el fiscal el que vele por perseguir el acuerdo. Estas reuniones entran en el marco de un protocolo firmado entre la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía Española para impulsar precisamente este tipo de acuerdos previos al juicio. Ya se está desarrollando en otras provincias de forma experimental, aunque en Málaga tendrá una prueba de fuego dada la saturación de los juzgados locales.