Según Alcer

La mitad de los pacientes renales de Málaga no toman su medicación por no poder pagarla

Los discapacitados no debían pagar en copago farmacéutico y sí lo hacen, por lo que temen que ocurra igual con el transporte

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Marina Fernández La crisis económica, el copago de fármacos, el medicamentazo y, ahora, el copago de transporte sanitario no urgente. Los enfermos son el eslabón más débil de una cadena cada vez más frágil. Todas las asociaciones de pacientes y entidades de consumidores se han echado las manos a la cabeza con el anuncio de las condiciones para hacer uso del servicio de ambulancias. Pero hoy La Opinión de Málaga pone nombres y apellidos a las víctimas de la crisis, que son dobles por serlo de su propia salud y también por tener que pagar servicios inherentes a sus tratamientos.

En Málaga hay un total de 850 enfermos renales que asisten a tratamientos de hemodiálisis tres veces por semana. De estos, la mitad tiene dificultades para pagar sus medicamentos, aunque habría que sumar a los pacientes ya trasplantados, que también cuentan con medicación específica y sin financiar.

Rosa Fernández lleva cuatro años en diálisis, y su madre tres. Cada mes pagan 100 euros en medicinas y no saben si podrán asumir los gastos de ambulancia, porque la pensión «no da para más». Desde que entró en vigor el medicamentazo, han dejado de financiárseles vitaminas y ácido fólico. Medicamentos que, según la Asociación de la Lucha contra las Enfermedades Renales (Alcer) son «obligatorios» para el tratamiento. Pero aunque sean necesarias, no todos pueden pagarlas. Lola García fue trasplantada hace nueve años y asegura que, agobiada por las deudas y los gastos, ha decidido dejar de tomarse una de ellas. «Vale 28 euros cada una, no puedo», lamenta. Esta mujer tomaba dicha medicación para la tensión hasta hace unos meses, pero la llegada del medicamentazo y la salida de más de 400 fármacos de la lista de financiados hace que se lo tenga que pagar.

Igual le pasa a José Antonio Torres, que vive en Coín y está en diálisis. «Tengo una pensión de 700 euros y tengo que pagar muchos gastos, mi hija y mi yerno están en paro y la pensión ya no me llega», dice este hombre, con un 95% de minusvalía reconocida. Cada semana hace seis viajes en ambulancia desde Coín, por lo que no sabe qué será de él si tiene que abonar más.

«Un tanto por ciento grande de mis cenas y las de mi mujer es una lata de atún y un tomate picado», dice. La presidenta de Alcer Málaga, Pepi Gómez, asegura que esa comida no es beneficiosa para este tipo de enfermos, por las altas cantidades de potasio, lo que le pone en peligro.
Cristina Grimaldos tiene 45 años, pero nunca ha cotizado porque siempre ha estado enferma. Ha trabajado limpiando casas y sin cotizar, y asegura que si se suman los gastos del copago y del medicamentazo a la posibilidad de pagar el transporte en ambulancia, no podrán asumir tantos gastos.

Le pasa igual que a Ricardo Toledo, que con una pensión mínima no contributiva de 357 euros no puede pagarse los fármacos prescritos por el médico tras el trasplante. Debe compensar los efectos secundarios de los inmunosupresores para evitarse problemas de diabetes y colesterol, pero no puede pagar treinta euros por cada uno de ellos al dejar de estar prescritos por receta.

La presidenta de Alcer Málaga destaca que si estas personas dejan de tomar su medicación, pueden sufrir rechazos del riñón donado o tener problemas y no poder recibir una donación si están en tratamiento de hemodiálisis.

Los ciudadanos que tengan que usar una ambulancia para trasladarse a un centro sanitario deberán pagar 5 euros por trayecto, aunque esta cantidad no será fija dado que se establecerán límites mensuales o semestrales para estos pagos en función de su renta o de si se trata de enfermos graves o crónicos.

Estarán exentos de pagar el servicio de ambulancia los afectados por el síndrome tóxico, los discapacitados, las personas con rentas de integración social y con pensiones no contributivas, además de los parados que no cobren ningún tipo de prestación. Sin embargo, según Alcer Málaga, el copago de fármacos también eximía a los discapacitados y estos han terminado por pagar sus medicinas. Los pacientes que acuden a hemodiálisis tienen una discapacidad reconocida del 65%.

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