Málaga vivió cinco horas sin taxis y con el tráfico colapsado en el principal eje del Centro. La razón estaba en la protesta secundada por casi el 100% de los taxistas de la ciudad y que reclamaban la derogación del decreto 11/85, también conocido como «Decreto Peláez», que permite a los taxistas de otros municipios acudir con precontratos a trabajar en el aeropuerto de Málaga.
Esta práctica, que los taxistas de la capital creen injusta, es el eje de las protestas que protagonizaron ayer los conductores y que unió tanto a las asociaciones de autónomos como a los asalariados.
La razón de esta unión hay que encontrarla en un cúmulo de circunstancias, que han precipitado ahora las quejas pese a que el decreto tiene 27 años de antigüedad. El presidente de la Asociación Unificada Malagueña de Autónomos del Taxi (Aumat), José Mate, explica que ahora se nota más esta competencia «por la crisis y porque cada vez acuden más organizados y nos dejan sin trabajo en el aeropuerto». De hecho, el presidente de Taxi Unión, Francisco Soria, calcula en un 60% diario las pérdidas de cada taxista por la presencia de coches de otros municipios con precontrato en el aeropuerto, ya sea para recoger como para llevar clientes.
Juan Guerrero, de Taxi Unión, recalca la notable caída de ingresos entre los taxistas cuando van a prestar servicio al aeropuerto: «Vamos cada dos meses y nos encontramos que hacemos en todo el día apenas tres servicios, mientras que ves a taxistas de otros municipios que no paran de llegar y llevarse toda la clientela». «Muchas veces perdemos hasta dinero», insiste Juan Guerrero, quien recalca que la Junta de Andalucía tiene la posibilidad de poner freno a esta situación.
La protesta, que comenzó a las 10.00 horas con una concentración en la plaza de San Juan de la Cruz, siguió con una marcha de unos 500 taxistas -según los organizadores- que les llevó a recorrer las sedes de la Delegación de Fomento, Vivienda y Transporte de la Junta de Andalucía, la Delegación del Gobierno andaluz y el Ayuntamiento de Málaga. En cada una de ellas dejaron un escrito con sus reclamaciones.
La manifestación se desarrolló con normalidad durante todo el recorrido, aunque eso obligó a cortar el tráfico parcialmente en la Alameda y el Parque entre las 11.40 y las 15.00 horas. El único incidente llamativo ocurrió en la plaza de la Marina, cuando la manifestación se cruzó con un taxista que estaba estacionado en la parada de la plaza de la Marina, lo que ocasionó las protestas de sus compañeros.
Respuesta. El delegado de Fomento, Manuel García Peláez, destacó que mantiene un contacto fluido con este colectivo y mostró su disposición a convocar una mesa de negociación donde abordar sus reivindicaciones. No obstante, aclaró que la solución no es derogar el decreto «porque también habría que modificar la ley estatal de Ordenación del Transporte».
García Peláez, en cambio, apostó por mejorar la coordinación por la Policía Local, Guardia Civil y el aeropuerto de Málaga para reforzar el control de la recogida «y el que acuda con un precontrato cumpla con él y no hagan más de lo concertado». El delegado de Fomento entendió que la crisis ha agravado esta situación, pero advirtió de que el aeropuerto es una infraestructura «de importancia supramunicipal», por lo que rechazó que los taxistas de la capital presten servicio en exclusiva.
Oposición. Juan Manuel Sánchez Núñez, portavoz de la Federación Empresarial Andaluza del Taxi Rural, se manifestó en contra de la protesta de los taxistas de la capital, ya que considera que «pretende secuestrar un aeropuerto que ha sido construido y mantenido con los impuestos de todo el Estado» y aseguró que el verdadero problema son «los floteros, que suponen que más de 400 licencias estén en manos de 4 o 5 señores».
La Federación del Taxi Rural apuntó que el problema son «los cientos de vehículos que, sin estar autorizados como servicio público, están cargando viajeros». Además, recibió el apoyo de los taxistas de Huelva y la asociación andaluza, que recibieron la protesta malagueña «con sorpresa e indignación».
