El dictamen jurídico solicitado por los grupos de PSOE e IU a la Secretaría General para determinar si la contratación por la Empresa Municipal de Aguas (Emasa) de una ingeniera de Caminos, hija de Francisco Ruiz, asesor del alcalde, contraviene el decreto ley del Gobierno sobre limitaciones a la hora de contratar personal durante 2012 ha resultado poco definitorio al dictaminar de manera salomónica que «depende de la interpretación» del decreto ley.

Así, en el informe del secretario se lee que a la pregunta de si Emasa, como sociedad mercantil pública, está sometida a la limitación de contratación temporal en 2012, «la respuesta puede darse en dos sentidos en función de que la interpretación del marco legal (decreto ley) se realice en sentido estricto o en sentido amplio».

El dictamen justifica esta ambivalencia a «lo confuso» e «impreciso» de la norma a la hora de establecer a qué ente o sociedad se dirige la medida de limitación de contratación.

Ello se debe «a la mala técnica legislativa de la que adolece» el decreto ley, al plantear su redacción «dudas de interpretación respecto al ámbito o ámbitos a los que se aplica».

Según el informe, Emasa ha optado por una interpretación «restrictiva» del decreto «ciñéndose estrictamente a la letra del mismo» y concluyendo, por tanto, que no le es de aplicación la limitación a la hora de contratar. Tal postura, indica el informe, «puede tener sustento jurídico».

Conclusiones. Por ello, en sus conclusiones el dictamen del secretario plantea las dos soluciones posibles. Por un lado afirma que «hay fundamentos jurídicos que pueden avalar la tesis defendida por Emasa en el sentido de no considerarse sujeta a las limitaciones del decreto sobre contrataciones», basándose en la «interpretación estricta de la literalidad del artículo 3 del real decreto».

La segunda conclusión es la contraria al señalar que «de habérsenos consultado en su momento, el criterio más prudente a nuestro juicio hubiera sido hacer una interpretación amplia de la medida legislativa», lo que supone «entender sujeto a la misma a todo el sector público, incluidas las sociedades mercantiles (como Emasa)». Es decir que Emasa estaba sujeta a la prohibición de contratar durante 2012.

El informe de la Secretaría General, que no aclara totalmente las dudas sobre si Emasa actuó legalmente contratando a una ingeniera del Caminos el pasado mes de junio, fue conocido poco después de concluir la comisión municipal de Medio Ambiente donde el grupo de IU, con el apoyo del PSOE, había pedido la comparecencia de la concejala Ana Navarro para pronunciarse al respecto.

La concejala defendió el procedimiento de contratación realizado por Emasa en base a un informe realizado por la propia Emasa y firmado por su gerente José Luis Rodríguez, que interpreta que el decreto ley del gobierno no le afecta a Emasa con respecto a las contrataciones de personal.