El delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, y la delegada de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Marta Rueda, mostraron ayer su preocupación por el marco normativo que el Gobierno central ha implantado para el sector energético. No en vano, creen que estas medidas afectan a Málaga de forma clara: el aumento de la factura de la luz de un hogar tipo será de 250 euros anuales. Ya en enero pasado, con el decreto que imponía una moratoria de las primas a las energías limpias, la provincia habría perdido una inversión de 343 millones de euros en diez municipios.

El Senado, informó Ruiz Espejo, dio luz verde el jueves pasado al Proyecto de Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, que entrará en vigor en enero. «La ley, además, creemos que no acabará con el déficit tarifario, y sólo tiene una finalidad recaudatoria, lo que es un revés para empresas y particulares en estos tiempos complicados», dijo el delegado del Gobierno de la Junta en rueda de prensa.

La normativa, aseguró, supone «un duro golpe a las energías renovables, que además de ser importantísimas para el medio, generan puestos de trabajo cualificados, desarrollo tecnológico, y nos dan autonomía frente a los limitados recursos tradicionales».

«La nueva ley va a ser un paso atrás en materia de compromiso con el medio y un desarrollo sostenible, ya que las renovables se ven perjudicadas frente a las convencionales. Se rompe el principio de «quien contamina paga», y, además, perjudica a las renovables con el tributo homogéneo», dijo.

La Junta lamentó que Rajoy «ponga en peligro» el cumplimiento de los compromisos en esta materia, cifrados en un 20% de aportación de las fuentes renovables al consumo total de energía de la UE, y el 20% de ahorro de energía en 200.

«Andalucía y Málaga perdieron mucho con la moratoria de las primas a las renovables y perderán mucho con la ley que se está ultimando en las Cortes», prosiguió. Ello, advirtió, traerá inseguridad jurídica.

Ya el decreto de las moratorias afectó a 73 proyectos, que suponían una potencia superior a 248 megawatios. Se dejaron de crear, además, 1.049 empleos en plantas de biomasa, cogeneración, energía eólica y fotovoltaica.

Con el nuevo marco, la afección crece, dice la Junta, afectando a 624 instalaciones -las que ya están en funcionamiento- y a 275 empleos.

Rueda, por su parte, criticó que la normativa aprobada en enero pasado haya estado vigente todo el año, pese a ser provisional.