Los cinco policías locales de Mijas y el camarero acusados de sustraer alijos de droga para lucrarse luego han tenido un golpe de suerte. La Audiencia Provincial ha anulado las escuchas telefónicas practicadas en el caso al entender que éstas partían de otras aprobadas en un asunto similar pero anterior, cuyas transcripciones y autos no se han incorporado al presente sumario. Ello equivale prácticamente a una absolución, puesto que las grabaciones eran la principal prueba de cargo de la Fiscalía.
El juzgado de Instrucción número 1 de Fuengirola abrió en 2009 una investigación por el denominado caso Macauto, en el que se interceptaron conversaciones telefónicas entre dos de los agentes locales de Mijas y un presunto narcotraficante. Pero el testimonio de aquellas grabaciones, ni «siquiera la existente entre los dos agentes» y el supuesto narco, no se ha incorporado al proceso actual, desarrollado en Instrucción 2 de Fuengirola, como denunciaron los letrados de seis acusados.
La Audiencia anula las conversaciones telefónicas basándose en un acuerdo no jurisdiccional del Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, «en el que se expresa claramente la necesidad de aportación de testimonios completos de las diligencias de las que traen causa».
El 6 de julio de 2009, la Guardia Civil pidió al juez la intervención de los teléfonos de dos policías locales con un presunto narco, objeto de investigación a su vez en otro asunto relativo a robos con violencia e intimidación, tráfico de drogas y lesiones, en el que fueron detenidas 15 personas. En esa primera investigación la Guardia Civil aseguraba que agentes de la Policía de Mijas, vistiendo el uniforme reglamentario, «durante la noche, habrían avisado en varias ocasiones a un supuesto narco, alertándole de la entrada de embarcaciones supuestamente cargadas de hachís». La idea, dice la Sala, era robar la droga.
El instructor del Juzgado número 2 de Fuengirola autorizó las grabaciones, pero no pidió los testimonios de las conversaciones telefónicas contenidos en el primero de los sumarios. Luego se sucedieron oficios policiales detallados y autos «suficientemente motivados». El 7 de noviembre se produjeron las detenciones.
Tras los arrestos, se solicitan por este juez a su colega las conversaciones, pero el secretario del Juzgado número 1 contestó: «Los soportes de grabación no se han copiado, toda vez que se carece de medios técnicos para seleccionar las conversaciones concretas y pasarlas a soporte CD».
La Sala asegura que no se han aportado al procedimiento testimonio alguno de los oficios y de los autos que autorizaban aquellas intervenciones, ni las citadas por el instructor. También critica la Sala la actuación de la Fiscalía, porque no solicitó durante la instrucción la unión de esos testimonios.
En concreto, la Fiscalía solicita penas que oscilan entre los cuatro años que se piden para un camarero que participó en la trama y los seis años y nueve meses para el presunto cabecilla de la organización. Están acusados de hacer valer su condición de agentes para aparecer en los lugares en los que se hacían alijos para apropiarse de los mismos y lucrarse con su venta, asegura el fiscal.
Indignación. El alcalde de Mijas, Ángel Nozal, aseguró ayer a este periódico que posiblemente tenga que readmitir a los agentes y pagarles el sueldo desde 2009, y mostró su indignación por el fallo judicial. «Qué representantes de la seguridad y la ley vamos a tener con policías así en el cuerpo. Qué imagen vamos a dar», precisó el regidor, quien se mostró indignado por la decisión.
