A mediados de los años 80, en la Federación de Trabajadores de la Tierra del sindicato UGT (FTT-UGT) comienza a fraguarse la idea de poner en marcha una organización donde aglutinar a los pequeños agricultores y ganaderos, con objeto de poder hacer frente a sus problemas. Había afiliados que realizaban su labores en medianas o grandes explotaciones, pero que en muchos casos contaban igualmente con pequeñas parcelas de terreno que también trabajaban para buscar unos ingresos extras. A su vez, en el sindicato veían que necesitaban asesoramiento jurídico y técnico para la mejora de sus explotaciones, «pero también que tuvieran voz y voto en las decisiones que afectaban al campo en las diferentes administraciones», apunta Nicolás Ruano, secretario provincial de la FTT-UGT, en 1985.

Los primeros afiliados en la provincia de Málaga fueron una treintena de pequeños agricultores, en su mayoría colonos procedentes de Peñarrubia, tras haber sido desalojados años atrás para construir los embalses del Guadalhorce-Guadalteba, y a los que el Estado les había concedido unas terrenos en Cerralba y Zalea, pedanías de Pizarra, y en Villafranca del Guadalhorce, anejo de Alhaurín el Grande. Y de ese pequeño grupo se pasó a los dos centenares de asociados cuando se puso en marcha el primer congreso constituyente en 1987.

El comienzo no fue fácil ya que eran muchos los pequeños agricultores y ganaderos reacios a asociarse. Sin embargo, se intentó hacerles ver las ventajas de estar organizados, coordinarse a través de cooperativas y reivindicar sus productos y los precios que consideraban más justos. «Al principio tuvimos algunas dificultades para hacer comprender a los agricultores que el mejor camino para alcanzar lo que se pretendía era asociarse», asegura Ruano, que habla con orgullo de como «hoy en día tienen una representación bastante importante y se sientan con organizaciones como COAG y Asaja para hablar con las administraciones».

En la actualidad, UPA Málaga cuenta con 2.500 afiliados, cifra que aumentaría hasta los 4.700 expedientes si se suman también todos los usuarios que son atendidos en la oficina de la capital y las comarcales de Antequera, Cuevas de San Marcos, Ronda y Vélez-Málaga.

Precisamente, facilitar el acceso a estas delegaciones territoriales fue uno de los principales retos que se marcó el actual secretario provincial de UPA, José Gámez, cuando fue elegido para el cargo en 2003. «Me parecía importante llegar hasta aquellas personas y familias que estaban lejos de Málaga pero que necesitaban tener una oficina más cerca de sus explotaciones». Además, UPA cuenta con filiales en varios municipios de la provincia, que a través de un convenio de los ayuntamientos, les permiten mantener reuniones, al menos, una vez al mes con los agricultores y ganaderos de la zona para asesorarles en sus gestiones.

La tramitación de subvenciones para la mejora de las explotaciones sigue siendo la principal demanda de los empresarios del campo que se acercan hasta sus oficinas. Sin embargo, poco trabajo tienen ahora al respecto. «Estamos pasando por una etapa muy negra donde las administraciones prácticamente no sacan ningún decreto para nuevas ayudas», asegura Gámez, quien también recuerda que hay otro frente abierto con las entidades bancarias sobre la falta de crédito. «Nos han cerrado las puertas, aunque les recuerdo que en Málaga el único sector que está sobreviviendo a la crisis es la industria agroalimentaria», puntualiza.