Condenan a un matrimonio por quedarse con dinero de los padres de alumnos de un colegio

 18:02  

Ep La Audiencia de Málaga ha condenado a un matrimonio británico por quedarse con el dinero de los padres de alumnos de un colegio privado extranjero, a los que requirieron el pago de la matrícula y del primer trimestre sabiendo que no iban a poder seguir con la actividad docente del centro. Se le impone un año de prisión a cada uno, aunque se acuerda la suspensión de la pena de cárcel.

Según se declara probado en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, con el fin de continuar la actividad del colegio, ubicado en Estepona (Málaga), se creó en 2005 una fundación de la que el acusado fue nombrado administrador. Para gestionar mejor esa fundación, éste constituyó en 2006 una entidad, de la que su mujer y también acusada fue nombrada administradora.

Ambos procesados, dice la resolución, "con ánimo de ilícito enriquecimiento y aprovechando su respectiva condición de administradores" requirieron en los meses de mayo y junio de 2007 a los padres para el pago de las matrículas del año siguiente y en septiembre y octubre el primer trimestre del curso "aún con conocimiento de que no podrían continuar con la actividad docente".

En este sentido, se indica que sabían que no podrían seguir ya que el contrato de arrendamiento del local había expirado y el propietario del mismo no deseaba seguir con dicha actividad. Así, la sentencia indica que, "a pesar de haber reclamado y cobrado tales anticipos", no llegaron a prestar tales servicios pues el colegio cerró a comienzos del curso 2007-2008.

El dinero entregado y que no fue devuelto ascendió en total a 33.631 euros, cantidades que "fueron incorporadas por los acusados a sus respectivos patrimonios". Por estos hechos, se les condena por un delito continuado de estafa, además de a la pena de prisión y a una multa de 1.800 euros, al pago a cada padre de la cantidad en la que resultó perjudicado.

La sentencia se dicta con la conformidad de los acusados. Además, la Sala acuerda la suspensión de la pena de cárcel durante cuatro años, pero advirtiéndoles de que en caso de cometer algún nuevo hecho delictivo o de no abonar la cantidad fijada en concepto de responsabilidad civil "se revocará automáticamente esta resolución, ingresando en prisión".

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