El PP y el PSOE sacaron adelante una propuesta del equipo de gobierno de apoyo a los taxistas de Málaga capital y en la que se exige a la Junta de Andalucía que derogue el decreto 11/85, que permite que, bajo precontrataciones, cualquier taxi de la provincia y de otras zonas puedan operar en el aeropuerto o en el puerto malagueños.
Un portavoz de los taxistas intervino en el pleno para reclamar la derogación del decreto, «que deja sin trabajo a los taxistas de la capital».
El grupo de IU, en cambio, aceptando la existencia de un problema en el aeropuerto, defendió que la solución no es derogar el decreto sino crear una zona de delimitación, que permita a los taxistas de la capital tener la preferencia a la hora de recoger clientes tanto en el aeropuerto como en el puerto.
