Trabajadores y dirección de Limasa se verán las caras a partir de 8 de enero próximo. Entonces empezará una negociación que se presume difícil y complicada para negociar un nuevo convenio colectivo en el que la empresa pondrá como planteamiento la exigencia de recortes económicos que afectarán al bolsillo de los 1.600 empleados, mientras que estos, aún reconociendo el escenario de crisis que existe, consideran que ya han hecho concesiones importantes tras el acuerdo del pasado mes de febrero y plantean que los recortes lleguen de la parte privada de la empresa.

De entrada, la dirección de la empresa y el Ayuntamiento, como socio, han tenido que dar marcha atrás en sus pretensiones de querer imponer a partir del 1 de enero dos medidas que consideran fundamentales para recortar gastos. Una es obligar a la plantilla a elegir el mes de vacaciones entre los doce meses del año y no entre junio, julio, agosto y septiembre, como está estipulado actualmente; la segunda supone acabar con el actual sistema de descanso de sábado y domingo para dejar el domingo como único día de descanso fijo y el segundo se tomaría cualquier día de la semana entre lunes y viernes.

Esta propuesta permitiría a la empresa prescindir de una media de 300 trabajadores eventuales y abandonar las contrataciones de fines de semana, que tienen un coste de unos 4 millones al año.

Las dos medidas han contado con el rechazo inicial del comité de empresa y la dirección de Limasa. Una vez consultada la autoridad laboral, ha tenido que dar marcha atrás y esperar a que estos temas, como el resto de los que forman parte del actual convenio, se negocien en la mesa de discusión que empezará el 8 de enero.

¿Y la discusión salarial? La empresa aún no ha puesto su oferta sobre la mesa, pero tanto el gerente de Limasa como la concejala de Medio Ambiente, Ana Navarro, han venido señalando que se partirá de la congelación salarial y de ahí «para abajo».

En el tema salarial la plantilla tiene asumido que no habrá subida, pero tampoco están dispuestos a aceptar rebajas, por lo que asumirían como mal menor la congelación de sus salarios para el próximo año 2013.

De entrada, el nuevo comité, representando el sentir de la plantilla, tiene como primera exigencia que se cumplan por parte de la empresa los acuerdos firmados en febrero en el Sercla. Es decir, que los trabajadores de baja por incapacidad temporal reciban el cien por cien de retribución mensual. En estos momentos hay cuatro trabajadores en esta situación a los que se les restan unos 300 euros mensuales.

Y la cláusula del convenio que permite al trabajador que se jubila anticipadamente o por invalidez ceder su puesto a un familiar directo. En lo que va de este año, diez personas se han jubilado para ceder su puesto y estos siguen vacantes, según el comité.