El 30 de julio de 2012 acabó el juicio del caso Malaya, contra la corrupción urbanística y política en el municipio de Marbella. Tras más de dos años de sesiones, casi 200, el proceso quedó visto para sentencia, un fallo que tardará aún en llegar, dada la extrema dificultad de desentrañar una causa presidida por complejísimos delitos económicos. En concreto, se espera la misma para junio o julio de 2013, es decir, que se emitirá un año después de la conclusión del procedimiento. Los 95 acusados en este caso, y especialmente el presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, esperan con impaciencia una sentencia que determinará su futuro inmediato. En concreto, la Fiscalía Anticorrupción pide treinta años de prisión para Roca, a quien se le estima una fortuna superior a los 200 millones de euros, compuesta fundamentalmente de fincas, chalés, casas de lujo y obras de arte. Todo ese patrimonio, sostiene el fiscal, lo habría amasado gracias a los presuntos sobornos que pagaban los promotores y constructores al Consistorio por construir en zonas no permitidas o lograr incrementos de edificabilidad muy jugosos. Es lo que se conoció como «urbanismo a la carta». Con una quinta parte de ese dinero, se untaba a los ediles de Marbella para que aprobaran lo que en realidad no eran más que los deseos del Jefe, y el resto se lo reservaba para sí. Para darle salida, organizó una compleja red societaria tenedora de sus bienes, y al frente de la organización puso a un prestigioso despacho madrileño y a testaferros con un gran talento para los negocios. Había que mover el dinero para que éste llamara a más dinero. José Godino, presidente del tribunal, tuvo ante sí el reto de enjuiciar la mayor trama de corrupción de la historia.
