­En 2012 la dura crisis económica abofeteó de lleno a la economía municipal del Ayuntamiento de Málaga que, tras haber vivido años de opulencia gracias al aumento de su endeudamiento, llegó el momento en que desde el Gobierno le obligaron a parar. Una deuda de 839 millones de euros, la cuarta más alta de los ayuntamientos españoles y un déficit de 193 millones, es decir un desequilibrio económico entre sus ingresos y gastos, obligaron al equipo de gobierno del alcalde Francisco de la Torre a aprobar el mayor plan de ajuste económico financiero de su historia, tanto por sus plazos, que se alargarán durante siete años, de 2013 a 2020, como por la envergadura del desajuste económico. El plan de ajuste que se pone en marcha viene obligado por la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada por el Gobierno para todas las administraciones públicas que no tienen equilibrio entre ingresos y gastos y que tienen disparado el endeudamiento.

Se trata de un plan muy severo que, durante los ocho años de vigencia, recortará a menos de la mitad la inversión en la ciudad, una inversión que durante los próximos años rondará los 35 millones de euros; hará disminuir drásticamente el gasto corriente en electricidad, combustible y otros servicios, excepto en material social; seguirá impidiendo acudir al endeudamiento; redoblará el dinero destinado a pagar intereses de la actual deuda y recortará sensiblemente el gasto de personal a cambio del mantenimiento de la plantilla.

El plan tiene el doble objetivo de conseguir el equilibrio en sus cuentas, lo que supone eliminar el déficit actual de 192,9 millones de euros y rebajar la deuda hasta alcanzar el límite de endeudamiento exigido por el gobierno que es de un 75% respecto a los ingresos. Para ello, el año 2013 se pagarán algo más de 70 millones en amortización de créditos. El plan prevé conseguir en 2017 la estabilidad entre ingresos y gastos y en 2020 rebajar su endeudamiento hasta el 75% que exige el Estado.

El ajuste pretende obtener en sus ocho años de vigencia un superávit de 160 millones de euros que irán a enjugar el déficit de 192.2 millones

A cambio de esta severidad en el control del gasto, el Ayuntamiento se compromete a la estabilidad en el empleo de sus 6.700 trabajadores; a mantener y mejorar el pago a proveedores, a continuar una política fiscal moderada, lo que significa subidas de impuestos asumibles,

Como objetivo políticos, permitirá seguir garantizando la solvencia del Ayuntamiento, la prestación de los servicios municipales actuales con «la máxima calidad posible», según explicó el alcalde el día de su presentación y el mantenimiento del empleo público.

El plan de ajuste se aplicará en el Ayuntamiento, en sus organismos autónomos y en las empresas municipales que tengan ingresos de mercado que no superen la mitad de su presupuesto, es decir, que dependan en más del 50 por ciento del presupuesto municipal. En esta situación están todas menos la Sociedad Municipal de Viviendas (EMV), la Empresa Malagueña de Transportes (EMT), Emasa, Parcemasa y Deportes y Eventos.

El plan ha tenido dos primeras consecuencias inmediatas. La aprobación para 2013 de un presupuesto de guerra que alcanza los 680 millones, una cifra que supone descender a los años 90 del pasado siglo; con una inversión que pega un bajón enorme y se queda en 50 millones de euros. La segunda consecuencia es la respuesta en forma de protesta de un grupo de funcionarios, especialmente policías locales que rechazan las rebajas que el plan realiza sobre el pago de horas extras, o sobre los pluses de nocturnidad, festivo y otros. Tras un periodo de negociación en el que varios sindicatos aceptaron las concesiones realizadas por el equipo de gobierno, otros como UPLB, SIP-AN y UGT han mantenido su rechazo al considerar que supone un grave prejuicio a sus intereses económicos.

Las protestas de los policías en la calle han sido la constantes en las últimas semanas de 2012, algunas muy sonoras y otras con acorralamiento de concejales del PP. Las posturas siguen enfrentadas con un Ayuntamiento que no va a modificar el plan de ajuste y unos sindicatos que no pueden aceptarlo tal cual está.