Mayo fue el mes en el que las víctimas del robo sistemático de bebés en hospitales públicos salieron a la calle para reclamar sus derechos, ante la continua catarata de archivos judiciales porque los delitos habían prescrito o bien porque no se hallaba a los autores de la sustracción. El 22 de mayo, la Asociación de Bebés Robados de Andalucía (Aberoa) ya contaba con más de doscientos socios, familias afectadas por hechos similares, y en torno a un centenar de casos se estudiaban entonces en la Fiscalía para determinar la existencia de delitos. La cantidad de mujeres que sufrieron estos hechos de idéntica naturaleza era tal que Isabel Agüera, presidenta del colectivo, aseguró que recibía una media de cincuenta llamadas a la semana interesándose por este asunto.

El asunto tiene un difícil encaje jurídico, porque la controversia entre los expertos se encuentra no sólo en la prescripción de los delitos, sino también en su calificación. Así, las fiscalías y los juzgados han instado y abierto, respectivamente, investigaciones por usurpación del estado civil, un ilícito que se comete mientras dura la situación ilegal; o falsedad, suposición de parto y alteración de la paternidad, tipos que ya habrían prescrito dados los años transcurridos desde su supuesta comisión.

Las familias incluso han pedido, a través de sus juristas, que se hable de crímenes contra la humanidad, que no prescriben, para que el juez pueda investigar tras la denuncia. Finalmente, la Fiscalía General del Estado ha facultado a los fiscales a ordenar exhumaciones de recién nacidos y practicar pruebas de ADN, y ha abogado por que el plazo de prescripción del delito de detención ilegal empiece a correr cuando la presunta víctima tenga conocimiento de que podría tratarse de un niño robado, de manera que sea un delito permanente.

Pero, mientras, las víctimas están desesperadas. En mayo, por ejemplo, se exhumaron los restos de un supuesto bebé robado, enterrado en su día en el cementerio de San Lorenzo de Ronda. Sin embargo, allí sólo había pequeños restos de lo que parecían huesos, o trocitos de madera. Esto es lo que suele ocurrir en la mayor parte de los casos, si es que se llega alguna vez a abrir la tumba para exhumar los restos del supuesto bebé robado. Lo cierto es que Agüera exige más medios para la única policía del Grupo de Homicidios que realiza las investigaciones de los casos.

En el aire quedan muchas interrogantes por responder: ¿era una trama organizada? ¿Cuánto se pagaba por el robo de un bebé? ¿Había médicos y enfermeras implicados? ¿Los nuevos padres sabían la procedencia del bebé? De momento, el caso más avanzado se investiga en Madrid. En el mismo hay una religiosa imputada. Las víctimas, en su desesperación, han llegado a adherirse este 2012 a la querella que una juez argentina instruye por los crímenes del franquismo.