La Fiscalía de Málaga está investigando si la UTIG (Unidad de Transexualidad e Identidad de Género) del Hospital Carlos Haya de Málaga está vulnerando derechos fundamentales de las personas transexuales que acuden a dicha unidad.

La fiscal de Violencia de Genero de Andalucía, Flor Torres, ha indicado a Efe que está investigando los hechos después de que el fiscal superior de Justicia de Andalucía, Jesús García Calderón, la designase para ello.

Las diligencias de investigación se han abierto después de que la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA) haya denunciado trato vejatorio y discriminatorio, según un comunicado remitido hoy por la asociación.

La presidenta de ATA, Mar Cambrollé, recuerda en el comunicado que la UTIG del Hospital Carlos Haya ha sido pionera desde 1999 en dar tratamiento integral a las personas transexuales pero explica que "los tiempos han cambiado y los protocolos deben cambiar para cumplir los principios de igualdad de acceso a la sanidad pública".

Esta Asociación entiende que, según los testimonios recogidos a usuarios y usuarias durante varios meses, se están vulnerando derechos fundamentales como los que quedan recogidos en el artículo 10 de la Constitución, la dignidad de la persona como derecho fundamental e inviolable.

Por otro lado, también entienden que se vulneran los derechos y libertades como de igualdad y no discriminación por ninguna circunstancia personal o social.

A su entender, las preguntas que se hacen en las evaluaciones previas, vulneran el principio de igualdad, son vejatorias porque atentan contra la intimidad y solicitan información de terceros que anulan el derecho de autonomía personal.

"Ningún protocolo médico puede quebrantar ningún derecho fundamental ni de la carta de derechos y deberes de los ciudadanos en los servicios sanitarios públicos de Andalucía", ha precisado.

Estas prácticas no justifican ser válidas para una evaluación que dependa de ella la terapia hormonal o intervenciones quirúrgicas, ha subrayado Cambrollé.

Estos hechos también se han comunicado al defensor del pueblo Andaluz, José Chamizo, quien en una reunión con la representante de ATA y la Fiscal de violencia de género expresó la necesidad de revisar estos protocolos.