Podría parecer que, como decían los clásicos, estos no son buenos tiempos para la lírica. A golpe de datos macroeconómicos, financieros y demás retahíla de pronunciamientos de gurús varios, nuestra sociedad está retrocediendo a pasos agigantados. No sólo es que, día a día, asistamos a un recorte generalizado del nivel de bienestar que habíamos conseguido en las últimas décadas, es que también quieren cambiar los aspectos más fundamentales de nuestra sociedad a golpe de legislación.
¿Se imagina que puedan acusarle de un delito por echar una mano a otra persona? ¿Se imagina que si, aún a pesar de ello, usted se anima a ayudar a esa persona, la decisión de imputarle o no dependerá de un órgano del estado? ¿Les recuerda a algo? Pues, dentro de dos meses, si no conseguimos cambiar la opinión de nuestros gobernantes esto puede ser una lamentable realidad. En efecto, en la reforma del Código Penal que impulsa el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, se incluye cómo delito - castigado con hasta dos años de prisión - la ayuda ¡¡solidaria!! A personas inmigrantes en situación irregular. Bien es cierto, que el Ministro, en una pequeña muestra de gracia regia a la que nos tiene acostumbrados, señala que «el Ministerio Fiscal podrá abstenerse de acusar por este delito cuando el objetivo perseguido fuere únicamente prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate» (sic). El objetivo de la reforma del artículo 318.bis del Código Penal que plantea el gobierno no es otro que negar la realidad social de nuestro país; como si fuera posible borrar de un plumazo el hecho de que -desde hace más de 30 años- en el día a día de nuestras ciudades, en nuestra vida diaria como vecinos, en los logros que como sociedad hemos obtenido, han participado también las personas inmigrantes que forman parte ya de nuestra sociedad. Pero la intención del Gobierno va más allá. Criminalizando la solidaridad con las personas inmigrantes en situación irregular el gobierno no sólo continúa señalando falsos chivos expiatorios sino que también ataca a uno de los aspectos básicos de nuestra sociedad: la convivencia. El hecho de que, como personas que vivimos en comunidad, reconozcamos al «otro» y nos apoyemos -por razones de altruistas, de solidaridad o, simplemente, de buena vecindad- unos a otros es un elemento básico de nuestra sociedad. Y que alguien se plantee que esto puede ser delito es, simplemente, inaceptable.
¿Qué podemos hacer? Al menos, nos queda alzar la voz. Durante estas semanas la ciudadanía española ha dado varios ejemplos de cómo quiere que sea su presente y, también, su futuro: una sociedad justa, democrática, transparente y con derechos, que no deje atrás las personas con menos recursos. Podemos visibilizar que no estamos de acuerdo con reformas como esta. Que no creemos en la criminalización de la hospitalidad y que perseguir la solidaridad es lo completamente opuesto a lo que deberían hacer nuestros políticos. Y por eso Málaga Acoge, en el marco de la campaña Salvemos la Hospitalidad, ha trabajado para que los ayuntamientos de Málaga y Vélez Málaga -a los que esperamos que se sumen otros de la provincia- aprueben mociones en las que, además de afirmar su apuesta institucional por la convivencia y la solidaridad con las personas inmigrantes, solicitan al Gobierno central que reconsidere su postura al respecto de reforma del Código Penal. www.salvemoslahospitalidad.org
*Alejandro Cortina es director de Málaga Acoge
