El Congreso de los Diputados aprobó ayer la reforma de la Ley de Costas, con el apoyo del PP, la abstención de CIU y la negativa del PNV, UPyD, grupo mixto, Izquierda Plural y PSOE, porque la norma, según señaló la mayor parte de la oposición, abre el litoral al negocio privado.
La norma, que salvará por 75 años más 3.000 chiringuitos y 10.000 viviendas de la playa, será remitida ahora al Senado, donde el PP ha anunciado que incluirá un grupo de enmiendas para tener en cuenta el cambio climático. De las 145 enmiendas presentadas a este texto, y en una sesión que se alargó tres horas y media, el Grupo Popular admitió dos de Coalición Canaria, transaccionó una con el PNV, aceptó varias de Izquierda Plural y BNG, y transaccionó siete, de carácter técnico, con CIU.
La modificación de la Ley de Costas supondrá la regularización de las casas de El Palo y Pedregalejo, 517 viviendas que esperaban desde hace décadas una amnistía y que ahora con la reforma quedarán fuera del dominio público marítimo terrestre y pasarán a Patrimonio del Estado como bienes patrimoniales y su concesión se alargará durante un periodo de 75 años.
A efectos prácticos, la aprobación de esta reforma normativa también permitirá a los propietarios de las viviendas venderlas y realizar obras en ellas siempre que no aumenten de altura o de volumen.
La nueva Ley de Costas beneficiará asimismo a los chiringuitos, cuyas concesiones también tendrán un periodo más amplio de explotación -los 75 años se aplican no sólo a las viviendas sino también a los establecimientos situados en dominio marítimo terrestre.
El portavoz del grupo popular, Rafael Hernando, negó ayer que la reforma abra la puerta al «urbanismo salvaje», como criticó la oposición, y anunció que presentarán en el Senado un grupo de enmiendas sobre el cambio climático.
Según el Gobierno, la reforma de la Ley de Costas no permitirá construir donde antes estaba prohibido. Tampoco se permitirán obras que modifiquen el actual volumen de todas aquellas propiedades ya construidas en el litoral (casas, restaurantes u hoteles). En cuanto a las papeleras u otras industrias que están también afectadas debido a su ubicación, se prevé una prórroga de actividad si la autoridad competente medioambiental informa favorablemente.
