El hecho de que ya no exista una empresa dedicada a escanear sumarios judiciales, al quedar desierto el concurso convocado por la Junta de Andalucía el pasado mes de mayo, está dando grandes quebraderos de cabeza a los juzgados que investigan grandes tramas de corrupción. Ése ese el caso de un órgano de instrucción de Vélez Málaga, que analiza el caso Arcos contra la corrupción en Alcaucín. Tras decretar la apertura del secreto de sumario el pasado 10 de febrero, los funcionarios y la juez de la oficina han tardado once días en escanear 7.671 folios que aún no han sido entregados a las defensas.

La juez, Irene Urbón, quien ha realizado personalmente parte de las copias, decidió dejar constancia del problema en una providencia reciente. «Por recibido oficio de la Delegación del Gobierno, en contestación al oficio de este juzgado, fechado el 8 de enero de 2013, informando en sentido negativo, y visto lo manifestado por la delegación, procédase al escaneado de 7.671 folios en sede judicial con los medios de los que se disponen», precisó la togada en la providencia.

Ayer, sin ir más lejos, los abogados defensores del caso Arcos recibieron una llamada del juzgado avisándoles de que ya había sido escaneada la parte del sumario sobre la que pesaba el secreto. En total, once días desde que el 10 de febrero se conoció el levantamiento del sigilo procesal.

El concurso de adjudicación del contrato para escanear y digitalizar estas causas, de 31.000 euros, quedó desierto. Además, fuentes de la consejería señalaron que este trabajo no puede hacerlo una empresa cualquiera, sino que ha de ser una especializada en la materia y manejando los criterios de seguridad y confidencialidad.

Los problemas en la digitalización de este tipo de causas también se dan en el caso Astapa contra la corrupción urbanística en Estepona, un proceso que lleva bajo investigación desde enero de 2007 y en el que ya hay 109 imputados.

Lo cierto es que incluso la Fiscalía Anticorrupción llegó a quejarse de que nadie se hiciera cargo de la digitalización del sumario ni de las piezas de convicción. No en vano, la propia Agencia Tributaria se negó a hacer las copias en su día.

Las defensas de ambos casos se han quejado a este periódico del retraso que puede suponer en la tramitación de las respectivas causas de corrupción el hecho de que sean los funcionarios de las oficinas judiciales los encargados de escanear los documentos judiciales.