El Juzgado de Instrucción número 3 de la capital ha citado a declarar como imputada a la secretaria de la delegada de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Marta Rueda, el próximo 20 de mayo, en el caso relativo a las listas de funcionarios afines al PSOE de la Junta de Andalucía en Málaga, según informó ayer la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F).
El sindicato presentó los documentos en la Fiscalía Provincial de Málaga en julio de 2012, unas listas en las que figuraban una selección de trabajadores públicos más o menos cercanos al PSOE y en las que se incluían datos profesionales y otros sobre bajas, enfermedad, jubilación y a quién debía promocionarse.
Según la valoración del sindicato, se trataría de una relación de puestos de responsabilidad de las distintas delegaciones de la Junta en Málaga, indicando el nombre del titular, su afiliación o no al PSOE y la previsión de su futura promoción. Concretamente, el listado contiene una relación de 172 puestos de las diferentes delegaciones de la capital. «La indicación, junto a la afiliación, de si promociona o no cada cargo evidencia que la lista ha sido o estaba siendo elaborada con la finalidad de reconocer quiénes son afectos al partido», aclaró ayer el CSI-F.
La central considera que con la elaboración de ese listado se discrimina a los funcionarios de la Administración autonómica «en función de su afiliación política» y asegura que la lista se elaboró en la propia Delegación de Empleo «tras comprobar que de ese entorno es desde el que el documento se envió a los demás organismo». La organización de trabajadores teme que la secretaria de la delegada, de cuyo correo salió el escrito, sea utilizada en este caso como «cabeza de turco», ya que considera que la última responsable de la lista de afines del PSOE es la delegada provincial Marta Rueda.
El sindicato se queja de que hasta hoy la delegada no ha dado explicaciones «por la evidente discriminación de los empleados en función de su afiliación política» y desveló que, sin embargo, sí se personó en el juzgado en julio. Exige tanto a la delegada como a la dirección provincial del PSOE «que expliquen el documento, así como que determinen y asuman las responsabilidades que correspondan». CSI-F espera que la Justicia aclare los hechos y determine esas responsabilidades y se queja de que la Inspección General de Servicios de la Junta no detectó ninguna infracción administrativa, pese a que el juzgado ve indicios de delito. También ha remitido la lista a la Agencia de Protección de Datos por una posible merma del derecho a la intimidad.
Rueda se limitó ayer a decir que confía en la Justicia y que espera que todo esto se resuelva rápido. Pilar Serrano, vicesecretaria provincial del PSOE, repitió ese mensaje y dijo que cree que ahora hay dejar trabajar a los tribunales.
