La Gerencia de Urbanismo comunicó ayer a los 13 vecinos del Corralón de las Dos Puertas, en la calle Curadero, 6, el «desalojo inmediato por riesgo estructural y ruina».
La resolución señala que desde que fue declarado en ruina por su anterior dueño en 2005 se ha experimentado un «progresivo empeoramiento», con la estructura de madera con «agotamiento general», además de fracturas y pudriciones y las cubiertas «muy deterioradas». Por todo ello, concluye que no se puede garantizar la seguridad de sus habitantes y es necesario el desalojo «para evitar males mayores».
Se da la circunstancia de que en el último pleno de 2012 los tres grupos políticos apoyaron una moción de IU para que este corralón, construido en 1900, fuera incluido en el catálogo de edificios protegidos, así como que recibiera protección cautelar, desbaratando el proyecto de Epsa, la empresa pública de suelo de la Junta, de demolerlo y construir en su lugar 23 viviendas sociales y 35 plazas de aparcamiento.
La protección del corralón, que es propiedad de Epsa, contó además con el apoyo de más de cien profesores de Geografía e Historia de la provincia, así como del profesor de la UMA Francisco García Gómez, experto en corralones, quien lo considera «el más interesante de los que quedan en pie». Y quedan pocos porque desde 2000 a 2012 han desaparecido 37 de los 43 corralones que catalogó.
Ayer, el concejal de Urbanismo, Diego Maldonado, achacó a las intensas lluvias de otoño el empeoramiento del corralón de las Dos Puertas. «El departamento de Arquitectura me trasladó que estaba inhabitable y que había que declarar el desalojo», señaló Maldonado, que ha pedido a Epsa que se haga cargo del realojo de los vecinos.
El responsable de Urbanismo responsabilizó a Epsa de la situación: «No actuaron a pesar de que se lo pedimos y se ha deteriorado mucho más». Diego Maldonado precisó que la única actuación que sí llevó a cabo la Junta fue el desalojo hace unos meses de una de las vecinas más veteranas.
Precisamente, la resolución ordena a la administración autonómica, propietaria del inmueble, que como medida cautelar repase la fachada y las cubiertas para evitar desprendimientos y cierre todas las posibles vías de acceso.
Preguntado por el futuro del corralón, el concejal subrayó que a raíz de la moción «se le dio traslado y se estuvo insistiendo a Epsa» para que lo rehabilitara. «No hay razón para que no lo hayan hecho», añadió e informó de que Urbanismo se ha puesto en contacto con la empresa de la Junta «para que se hagan cargo del realojo, acomoden a los vecinos en viviendas que tengan garantías y actúen en el corralón».
Acoso inmobiliario. La historia negra de este histórico inmueble comienza en 2001 cuando es adquirido por la empresa Los Negros por 30.000 euros. Los inquilinos denuncian la falta de mantenimiento de la propiedad y el intento, ese mismo año, de echarles a cambio de 150 euros, aspectos recogidos en el informe de 2008 sobre acoso inmobiliario de la Oficina del Defensor del Ciudadano. En 2002 la empresa pide declaración de ruina, Urbanismo se opone pero en 2005 consigue en los juzgados la declaración de ruina económica en 2005. La empresa hizo un buen negocio ya que Urbanismo expropió el corralón pagándole 563.000 euros (y lo compró por 30.000). La propiedad ha pasado ahora a la Junta. En cuanto a los vecinos, han presentado una demanda civil contra Los Nogales, alegando falta de mantenimiento durante años que, consideran, es lo que provoca la situación actual.
«Urbanismo no envió la valoración». El delegado de Vivienda de la Junta, Manuel García Peláez, señaló ayer que el corralón formaba parte de un convenio entre la Junta y el Ayuntamiento para realizar viviendas sociales, «pero luego el Ayuntamiento en el pleno decidió proteger el corralón; si nosotros pagamos un precio por la expropiación y ahora no podemos hacer las VPO, habría que ver quién se hace cargo del corralón». El delegado emplazó a la próxima comisión de seguimiento del 15 de abril con Urbanismo para hablar del corralón. Además, señaló que Urbanismo no envió a Epsa la valoración de la indemnización a los inquilinos, paso previo obligado antes de rehabilitar el edificio.
@AlfonsVazquez
