La sentencia del juicio del caso "Malaya", contra la mayor trama de corrupción conocida en España, supera ya los dos mil folios y está previsto que se dé a conocer a finales de julio.
Cientos de páginas de hechos probados y otros tantos de fundamentos jurídicos donde el Tribunal -José Godino, Rafael Linares y Manuel Caballero Bonald- tendrá que hilar muy fino, porque los delitos por los que se acusa a los 95 acusados, en muchos casos, necesitan de mucho estudio.
Fuentes judiciales han explicado a Efe que la sentencia superará los tres mil folios y que contará con un índice, por lo que se dará a todas las partes personadas en el procedimiento copia en un soporte informático.
Queda atrás, cuando, en sus comienzos, el caso Malaya se miró en el espejo del caso del 11-M por su envergadura. El juicio siempre ha tenido similitudes debido a la complejidad y volumen, pero ya Malaya ha vuelto a superar todas las expectativas de juristas y expertos.
Ante el gran interés que suscita, el Tribunal previsiblemente hará una lectura pública aunque sólo del fallo o parte del mismo.
La Sala estudia el caso desde que quedó visto para sentencia el pasado julio de 2012, momento en el que el presidente del Tribunal, José Godino, aseguró que se dictaría una sentencia "justa sin necesidad de ningún otro calificativo" y con absoluta "independencia e imparcialidad".
La complejidad es sabida desde sus comienzos y ya entonces muchos apostaban por que nunca podría celebrarse un caso así, pero gracias a la constancia y el buen hacer del tribunal, la secretaria y los funcionarios judiciales adscritos, se ha logrado no sólo celebrarlo, sino que el trabajo haya sido alabado por todos, incluso por algunos acusados.
El juicio arrancó el 27 de septiembre de 2010 y necesitó de 199 sesiones, en las que declararon unos cuatrocientos testigos y peritos.
Tres exalcaldes, concejales, empresarios -vinculados a los sectores de la construcción, los toros o el fútbol- y abogados son los protagonistas.
También ha habido numerosas alusiones al fallecido Jesús Gil, que fue alcalde de Marbella entre 1991 y 2002, unos años antes de que arrancara la investigación judicial de la trama de corrupción, que comenzó a finales de 2005 y se destapó en marzo de 2006 con la primera fase de detenciones.
La Fiscalía Anticorrupción pide una pena de 30 años de prisión y una multa de 810 millones de euros para Juan Antonio Roca; para la exalcadesa Marisol Yagüe la petición fiscal es de dieciséis años de prisión; mientras que para el exalcalde Julián Muñoz es de diez años y para la ex primer teniente de alcalde Isabel García Marcos es de doce años.
El proceso judicial se ha seguido en toda España no sólo por la relevancia social y económica de algunos de los acusados, sino también por la trascendencia mediática de otros, así como por la diversidad, naturaleza y entidad de los delitos que se les imputan.
El juicio también ha sido el más mediático de la historia judicial española por lo que hubo que coordinar trescientos periodistas acreditados para la cobertura de la vista oral y se habilitó una sala de prensa con monitores de televisión.
La investigación judicial del caso tuvo como consecuencia una medida inédita en la historia democrática: la disolución del Ayuntamiento de Marbella en abril del 2006 y la constitución de una comisión gestora hasta las elecciones del 2007.
