El Juzgado de Instrucción número 13 de Málaga ha citado a declarar como imputado este lunes día 3 al exgerente del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga en una causa abierta por presuntas irregularidades en la adquisición de material, en concreto espumógeno utilizado para apagar incendios.

Este procedimiento tiene su origen en la denuncia presentada por el CPB, en la que se precisa que en julio de 2009 una empresa emitió tres facturas al Consorcio por el mismo importe, 15.330 euros cada una; y el mismo concepto, "suministro en litros de la tecnología de encapsulación micelar F500 para incendios de clase A y clase B".

Aunque las fechas de emisión eran las mismas, las de presentación en el registro eran distintas, dice el documento de denuncia, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se apunta que "el hecho de realizar el abono de un único encargo en tres pagos distintos supone un claro fraude de ley".

En la denuncia se alude a que se habría recepcionado menos cantidad de producto y a la "inferior calidad" del mismo, así como a que lo adquirido por el Consorcio --las tres facturas suman 45.990 euros-- supuso un 72 por ciento de lo facturado por la empresa suministradora durante 2009.

Se incide en el documento en que las tres facturas "fueron aprobadas por el entonces gerente", presentando la segunda de ellas el reparo de la Intervención del Consorcio; y en que el hecho de presentar el abono en tres pagos sería para "no tener que acudir a un procedimiento de adjudicación ordinario".

Tras analizarse los documentos aportados y las investigaciones e informes realizados por distintos grupos especializados de la Policía Nacional, la instructora emitió un auto en el que se acordaba oír en declaración como imputado al exgerente, para lo que se fijó este lunes día 3 de junio.

Asimismo, en dicha resolución, emitida en abril de este año, también se acordaba la declaración en la misma condición de los expresidentes del Consorcio Cristóbal Guerrero y Francisco Márquez, de la secretaria interventora del ente, así como a los responsables de la empresa suministradora del material.

En otro auto posterior, fechado el pasado mes de mayo, la jueza ha acordado tomar declaración a Guerrero el próximo 10 de julio y a Márquez y a la secretaria el día 15 de julio.