La Policía Nacional investiga un presunto caso de acoso laboral contra dos agentes de la Policía Local de Málaga, ambas hermanas, una de las cuales resultó herida en una mano con una esquirla de cuchilla colocada, al parecer a propósito, en uno de los cajones de su mesa el pasado 11 de mayo, como consecuencia de la cual recibió asistencia médica y la antitetánica.
El presunto acoso continuó al día siguiente, cuando las dependencias del GIP (Grupo de Intervención y Protección, antiguo Gemac), donde trabajan las dos agentes, aparecieron empapeladas con octavillas impresas con el anagrama y el escudo de la Policía Local, con frases amenazantes. Las octavillas, según señalan las policías, se encontraban distribuidas por mesas, impresoras, sillas, vestuario e incluso en la zona de atención al público y la sala donde prestan declaración las víctimas de violencia machista, según relató la agente en la denuncia que interpuso ante la Policía Nacional.
Denuncia política
Este segundo acto provocó que la jefatura de la Policía Local decidiera abrir una investigación interna, que aún no ha concluido. En el transcurso de esta investigación uno de los policías locales se autoinculpó de lo sucedido. Pese a ello el agente continúa en su puesto y sin medidas cautelares mientras que la agente que denunció el acoso ha sido trasladada de manera forzosa a otra unidad.
Los hechos, según relató una de las agentes, Cristina Guerrero, en su declaración ante la comisión interna, vienen sucediéndose especialmente «desde que fue nombrado responsable del GIP el intendente José María Martínez Vázquez», a quien vincula directamente con el concejal de Seguridad Julio Andrade y el sindicato UPLB.
Guerrero aseguró en su declaración que existe un grupo de policías «que se autodenomina El Bloque» y que «actúa a las órdenes del intendente Martínez Vazquez y entre los que se encuentran los autores de los hechos denunciados».
Guerrero, que es miembro de la ejecutiva local del PSOE de Málaga y figuró en la candidatura de María Gámez en las pasadas elecciones municipales, considera que debido a su filiación es «perseguida y acosada política y sindicalmente por parte del intendente Martínez Vázquez y del concejal de Seguridad, Julio Andrade» que, según manifestó la agente en su declaración reservada, habría manifestado a varios mandos policiales: «A la roja hay que echarla del GIP». Por ello ha reclamado a sus responsables que se tomen medidas para que «cese el acoso»
