Tribunales

El fiscal pide al Supremo que ratifique la condena a Serón por corrupción

El ministerio público se apoya en el testimonio del constructor al que el alcalde y el edil Guerra trataron de sacar los 122.000 euros

05.06.2013 | 05:30
Juan Martín Serón, todavía alcalde de Alhaurín el Grande.
Juan Martín Serón, todavía alcalde de Alhaurín el Grande.

La Fiscalía del Tribunal Supremo sigue convencida de que el alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, y su edil de Urbanismo, José Gregorio Guerra, incurrieron en una conducta corrupta al reclamar 122.000 euros a un promotor a cambio de una licencia ya concedida. Por eso, el representante del ministerio público en la Sala II pidió que se confirme la sentencia impuesta en su día por la Audiencia Provincial en el marco del caso Troya: un año de suspensión para empleo o cargo público y 200.000 euros de multa.

El caso, de cualquier forma, ya ha sido un éxito para los más de veinte arrestados en 2007, porque dieciocho acusados vieron cómo el fiscal les retiraba la acusación en el juicio oral al no haberse publicado el PGOU de la localidad hasta 2010, lo que propició que cuando se les concedió la licencia a los industriales éstos hicieran frente a una maraña normativa que invalidó la acusación.

El fiscal del Supremo aseguró ayer en la vista pública que el testimonio del principal testigo de cargo, el promotor José Burgos Leiva –quien, por cierto, ha perdido una demanda contra Serón, que lo acusó de maltratador–, es válida. Aclaró además que se le exigió «con insistencia» el pago de 122.000 euros a cambio de un permiso de obra para construir un edificio de 14 viviendas y garajes que, de cualquier forma, ya había sido concedida y tenía todos los parabienes legales.

Luego apuntaló su tesis asegurando que ese testimonio fue corroborado por las conversaciones grabadas entre Martín Serón y Guerra, en las que el alcalde del PP le decía a su delfín que le transmitiera al arquitecto que le pusiera «las cosas negras» al promotor. En esas grabaciones ambos hablaron, siempre según la acusación fiscal, de la compensación por la licencia, de la forma de pago, sin factura, y a través de un recibí. O del hallazgo de notas manuscritas de Guerra donde se detallaba la suma reclamada o que el pago de la dádiva se hiciera a través de una empresa vinculada a la esposa del alcalde, «intencionalidad» lo definió el ministerio fiscal.

Para más inri, defendió que el proceso tuvo todas las garantías, pese a que la defensa de Serón piense que éste fue condenado por un delito de cohecho del que nunca fue imputado previamente.

La defensa siguió hablando de que el alcalde fue acusado de forma genérica e indeterminada. «A Martín Serón nunca se le preguntó por el hecho que motiva su imputación, tampoco en la instrucción», sostuvo el abogado. Éste cree que la Audiencia de Málaga no concretó si las instrucciones del alcalde al edil fueron relevantes para el hecho delictivo. Incluso, cree que la sentencia tiene «excesiva parcialidad». Por último, negó un enriquecimiento injusto de su cliente. «La Sala tendría que haber determinado en qué medida se enriquecieron», apuntó.

El representante de José Gregorio Guerra, por su parte, hizo hincapié en que los hechos probados sitúan la dádiva requerida «como contraprestación por una licencia previamente concedida», por lo que no podría ser cohecho –pagar por una resolución administrativa favorable–.

El presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, aseguró ayer que respetará la sentencia del Supremo sea cual sea su fallo. Serón tendrá que dimitir si el Supremo confirma el fallo de la Audiencia.

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