Pese a no estar aún concretada, la reforma estructural de las pensiones que estudia el Gobierno y la propuesta del comité de expertos para cambiar el cálculo de la jubilación y desvincular del IPC la actualización de todas las prestaciones tiene ya el rechazo rotundo de los sindicatos CCOO y UGT, del PSOE y de IU. Los empresarios y la propia Comisión Europea, por contra, la consideran una posibilidad a seguir aunque en todo caso reclaman que se haga «con el mayor consenso» político y social posible, como corresponde a un tema tan sensible.

En Málaga, por recordar los datos de la Seguridad Social de mayo, hay en vigor más de 238.000 pensiones (130.000 de ellas de jubilación), una cifra que cada ejercicio se viene incrementando de media con entre 3.000 y 5.000 nuevas prestaciones. La media de la pensión de jubilación en Málaga es de 908,27 euros, 70 por debajo de los 978,34 que se paga a nivel nacional. Este desnivel siempre se ha explicado por el mayor peso del sector servicios en Málaga frente a otras con mayor tejido industrial. En cuanto a la pensión media del sistema -que incluye la media de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, favor de familiares y orfandad- ronda los 796,60, por los 855,54 de media nacional.

Las líneas maestras de la reforma perfilan una rebaja de las prestaciones para los futuros pensionistas, pero también para los actuales. Habrá un Factor de Equidad Intergeneracional, por el que el futuro cálculo de las pensiones tendrá en cuenta el envejecimiento de la población y un Factor de Revalorización Anual por el que la actualización de todas las pensiones se desligará de la inflación y pasará a depender de los ingresos y gastos del sistema. El objetivo de ambos elementos es lograr lo que el comité de expertos denomina el «factor de sostenibilidad» para permitir mantener el modelo.

Ayer, el PSOE, IU y los sindicatos CCOO y UGT rechazaron los puntos planteados por el comité de expertos y la definición del factor de sostenibilidad. Este enfrentamiento augura un intenso debate en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, que es el espacio establecido para cualquier modificación del sistema.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, calificó por su parte el informe de los expertos de «honesto y técnicamente robusto» y señaló que servirá de base para el debate político. Para Báñez, el factor de sostenibilidad es una forma de «recortar céntimo a céntimo» los ingresos del sistema en cada momento y distribuirlos de acuerdo a «reglas fijas, predecibles y transparentes». No obstante, aseguró que el Ejecutivo buscará «el mayor de los consensos» para llevar a un sistema «seguro y sostenible en el medio y largo plazo».

El portavoz de Economía del PSOE, Valeriano Gómez, mostró su total desacuerdo con el factor de sostenibilidad, que propone que las pensiones sólo aumenten si los ingresos del sistema suben por encima de la tasa de crecimiento real del número de pensiones, así como desvincularlas del IPC.

A juicio del coordinador federal de IU, Cayo Lara, la reforma conducirá a la contratación de planes privados para beneficio de aseguradoras y bancos de los que dijo que tienen «muchas ganas» a «ese bocado tan jugoso».

CCOO y UGT rechazaron una reforma estructural aunque admitieron la necesidad de actuar ante el deterioro del sistema. El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, dijo que no se siente vinculado «en absoluto» con el texto del informe de los doce expertos. También el secretario general de UGT, Cándido Méndez, advirtió al Gobierno de que no se parapete en el informe para tomar una «decisión política» y le exigió que exponga ya qué reformas va a plantear.

El vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, que ayer estuvo en Málaga, terció en el debate y dijo que los responsables políticos deben mirar «de frente» este asunto y tratar de consensuarlo aunque si eso fuera imposible, eso tampoco debería «paralizar la acción». Almunia pidió «acelerar la definición del índice de sostenibilidad», que debe ser una «señal de alerta» de cómo está el equilibrio del sistema de pensiones tras «el shock que supone la caída de empleo tan brutal que ha habido en España en los últimos años». Eso sí, el vicepresidente de la CE no se mostró partidario de usar las pensiones para solucionar los problemas de déficit porque hay «otras formas de atajar en un plazo de dos o tres años un desequilibrio de las finanzas públicas». «A corto plazo el sistema de pensiones ni genera mucho déficit ni cualquier actuación va a permitir que los ahorros que pudiese aportar en un año o dos años solucionasen los problemas de deuda que tiene la economía española», apuntó.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), Javier González de Lara, coincidió con Almunia en que es necesaria una reforma de las pensiones con «consenso y diálogo social».

«Hay que ser consciente del momento que vivimos. Ha subido la esperanza de vida y hay menos cotizantes por cada pensionista. De lo que se trata es de asegurar la viabilidad del sistema», afirmó.

@josevirodriguez