Sólo la negociación y un acuerdo de última hora entre el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía pueden salvar al metro de terminar en los tribunales. El pago de la factura de la obra es la causa de este nuevo enfrentamiento. La Consejería reclama al Consistorio el pago de 32,3 millones de euros, que corresponden al 25% del coste de las obras. Pero esta exigencia no sólo se ha quedado en un ejercicio retórico, sino que ha iniciado el proceso administrativo de cobro, que está a punto de terminar en el plazo voluntario con el anunciado rechazo de la Consejería de Fomento a los argumentos municipales para no pagar.

Este rechazo, adelantado ayer a La Opinión de Málaga por el delegado de Fomento, Manuel García Peláez, se concretará en los próximos días con una argumentación «jurídica y técnica para explicar nuestra posición». A partir de ese momento, al Ayuntamiento sólo le quedará una opción viable (acudir a la vía contenciosa-administrativa) y la débil esperanza de alcanzar un acuerdo en la negociación que mantienen abierta con la Junta.

El periodo voluntario de pago de esta factura acabará la semana próxima con la negativa del Ayuntamiento a abonar la cantidad exigida y la negativa de la Junta a aceptar los argumentos municipales. García Peláez subrayó que la Consejería podría haber aplicado «el silencio administrativo» a la alegación municipal en contra de esta factura y que «se hubiese entendido como una respuesta negativa». Sin embargo, responderán por escrito para explicar la razones de que se desestimen las pretensiones municipales, quizá pensando ya en que el conflicto pueda terminar en los tribunales.

Los 32,3 millones de euros corresponden al 25% del coste de la obra del metro hasta la estación de Renfe y que, por convenio, debería aportar el Ayuntamiento de Málaga, incluidos los sobrecostes. Quedaría una segunda parte de esta factura, que está por ver, sobre la aportación municipal a las obras del tramo Renfe-Guadalmedina y, a medio plazo, sobre el polémico tramo hasta La Malagueta.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, argumenta que tienen un acuerdo verbal con el anterior equipo de la Consejería de Fomento para compensar esta aportación económica con obras de movilidad. Así, recuerda que, al igual que se hizo en Sevilla, quieren compensar esta aportación económica con obras ya ejecutadas para mejorar la movilidad y por una cantidad sensiblemente menor, de 17,5 millones de euros.

El delegado de Fomento no descarta que la negociación que mantienen con el Ayuntamiento permita desbloquear esta situación. Aquí la clave está en determinar qué obras de las presentadas por el Ayuntamiento se aceptan como actuaciones municipales para mejorar la movilidad, ya que una parte corresponden a la empresa Cemusa y sobre otras hay dudas de que cumplan el objetivo deseado.

García Peláez reconoció que el Ayuntamiento tiene la posibilidad de acudir a un contencioso-administrativo, pero si alcanzan un acuerdo «paralizaremos el trámites administrativo, que sigue su curso mientras negociamos».