Vivienda

La Junta frena casi 550 desahucios en 8 meses en Málaga

Elena Cortés firma con cinco municipios de la provincia su adhesión al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda

21.06.2013 | 21:55
La Junta frena casi 550 desahucios en 8 meses en Málaga
La Junta frena casi 550 desahucios en 8 meses en Málaga

La oficina provincial de Málaga abierta en el marco del Programa en Defensa de la Vivienda de la Junta de Andalucía ha evitado que 547 familias sean desalojadas de sus hogares en los primeros ocho meses de funcionamiento. Desde su apertura, este punto de prevención, intermediación y protección contra los desahucios ha atendido 679 casos, de ellos 547 en el área de intermediación.

"Las familias que solicitan este servicio a la Junta se encuentran en riesgo de desahucio puesto que no pueden satisfacer la deuda contraída con la entidad financiera", ha explicado la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, que ha explicado que "acuden a nosotros para evitar que se produzca el desalojo y pierdan su vivienda. Gracias a la labor de estas oficinas, en todos los casos estas personas permanecen en sus hogares, con lo que cumplimos el objetivo que nos marcamos cuando pusimos en marcha esta iniciativa".

La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha explicado estos datos en el acto de firma del convenio de adhesión al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda con cinco municipios de la provincia, donde son ya 54 los que se han sumado a este frente contra los desahucios. En Andalucía esta iniciativa cuenta con el apoyo de un total de 203 ayuntamientos, además de la Diputación de Huelva y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).

Cortés ha agradecido a los alcaldes de Cuevas del Becerro, Cortes de la Frontera, Teba, Villanueva del Rosario y Antequera su apoyo al convenio de colaboración con la oficina, que abrió en octubre del año pasado y que, hasta el 31 de mayo, "ha demostrado que la resignación de las administraciones frente a los desahucios no estaba justificada". "Este Programa supuso una ruptura de la neutralidad institucional entre las víctimas de la crisis y las entidades financieras, ya que entre ellas existe un abismo de estatus y de privilegios que hace inaceptable la equidistancia de las administraciones", ha añadido Cortés, que ha animado al resto de municipios malagueños y a la Diputación a adherirse al Programa para "ampliar y fortalecer el bloque institucional contra los desahucios en Andalucía".

Casos atendidos en la oficina de Málaga  Del conjunto de 679 casos tramitados, 78 de ellos se han abierto en el área de prevención, 547 en la de intermediación y 54 en el ámbito de protección. La atención en la fase de prevención, que se presta cuando aún no existe morosidad, fue solicitada por familias que "temen no poder afrontar las cuotas hipotecarias en breve, o por otras que, antes de firmar su contrato, quieren saber a qué se exponen", ha explicado Cortés, que ha detallado que estas personas reciben "información y asesoramiento, evitando preventivamente verse en situaciones de amenaza de su derecho a la vivienda".

En la fase de intermediación han acudido a las oficinas 547 familias, que se mantienen en sus viviendas gracias al asesoramiento temprano de los funcionarios de la oficina, o bien a negociaciones con las entidades financieras que han permitido alcanzar soluciones para la dación en pago, el alquiler social, la modificación de las condiciones del préstamo hipotecario o la suspensión de la subasta de la casa o el lanzamiento hipotecario, entre otras. "Son soluciones paliativas, que evitan que las familias pierdan su casa. Sin embargo, la responsabilidad para solucionar los problemas de fondo de estas familias la tiene el Gobierno central, que puede actuar sobre la legislación estatal y no lo hace", ha señalado Cortés, que ha afirmado que la Consejería de Fomento y Vivienda está "poniendo en marcha medidas, en el ámbito de sus competencias, para combatir los desahucios, tanto con estas oficinas como con el Decreto-Ley para Asegurar la Función Social de la Vivienda".

"Tanto este Decreto-Ley como la sentencia de abril del Tribunal de Luxemburgo fortalecen enormemente este Programa contra los desahucios, al dar más herramientas de defensa a las familias que acuden a las oficinas", ha señalado Cortés. En este sentido, ha afirmado que las oficinas son puerta de entrada de las familias que pretenden acogerse a la expropiación temporal del uso de sus viviendas. "En los casos en que cumplan los requisitos, podremos iniciar los trámites para expropiar temporalmente las viviendas y ofrecer un respiro a las familias que, de ser desahuciadas, quedarían en situación de exclusión social", ha explicado.

En la fase de protección, han acudido a la oficina 54 personas. En estos casos, la mediación de la Junta abarca medidas que van desde contactar con las entidades financieras o con los juzgados para intentar dilatar suspender los desalojos hasta pedir a los servicios sociales de los ayuntamientos que arbitren soluciones de urgencia, supervisando en todo caso que la familia no queda sin alternativa habitacional. A ello se suma la posibilidad, en caso de que se cumplan los requisitos, de que las familias se beneficien de la expropiación temporal del uso de sus viviendas.

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