«Tras comprobar la documentación presentada hemos acreditado que las familias cumplen con los requisitos establecidos en el decreto y, de ser desahuciadas, no tendrían alternativa habitacional posible, quedando en situación de exclusión social». Así explicó ayer el delegado territorial de Fomento y Vivienda, Manuel García Peláez, cómo la Consejería ha abierto los dos procesos de Málaga tras los dos de Huelva, dos de Granada y uno en Cádiz. Según el delegado, si el proceso finalmente culmina «permitiría a las familias permanecer en sus viviendas un máximo de tres años, ofreciéndoles la oportunidad de mejorar sus condiciones económicas y sociales». «Damos a estas familias un respiro», añadió. Desde la publicación en el BOJA, las entidades bancarias disponen de 15 días para presentar alegaciones y, si éstas no son aceptadas, habrá un justiprecio y se emitirá un informe de la Dirección General de Vivienda para publicarlo de nuevo en el BOJA como paso previo a la aprobación definitiva de la expropiación.
