Las nuevas recomendaciones planteadas por el Gobierno para achicar los gastos de las administraciones públicas, que plantean la eliminación de 57 organismos y 90 observatorios, han vuelto a poner de moda un debate que viene amarrado a la crisis desde los primeros despidos masivos y la caída del mercado inmobiliario; el volumen, para muchos monstruoso, de instituciones y organizaciones que soporta el país. Las pautas del informe gubernamental son claras y animan a autonomías, diputaciones y ayuntamientos a comprimir su funcionamiento. Especialmente, en lo más accesorio.
Una misión que se presume laboriosa y no sólo por las discrepancias territoriales y de signo político -la secretaria general del PP de Málaga, Margarita del Cid, aseguró ayer que su partido abogará por la búsqueda de consenso-, sino por el elevado número de sociedades y organismos que dependen de las corporaciones y de los gobiernos autonómicos. Solamente en Andalucía, la Junta cuenta con más de 300 entes. El Ayuntamiento de Málaga, por su parte, llega a 33.
Muchas de estas organizaciones quedarán, no obstante, al margen de la propuesta. Su continuidad, dada su importancia, está garantizada, aunque otras, de corte más epidérmico, serán motivo de debate entre los encargados de revisar el cumplimiento de los objetivos de déficit. En teoría, ninguna de las sugerencias incluidas en el informe para la reforma de las administraciones, que será examinado el próximo viernes, es de obligado cumplimiento, aunque el andamiaje legislativo del que se ha provisto Rajoy para obligar a apostar por la austeridad hace poco probable que se evite la negociación. En lo que respecta a Málaga, de momento, lo único que se sabe es que el Estado, que moverá la primera ficha con una reestructuración que implica la desaparición, entre otros, de 17 fundaciones, no continuará con el consorcio encargado de promover la construcción del auditorio. El resto, aclara Del Cid, se irá examinando en las próximas semanas. Aunque, eso sí, sin dejar de lado a nadie en lo que se refiere a la aplicación. «Todas las administraciones se van a impregnar de estas medidas», advirtió.
La mandataria de los populares aseveró que la reforma supone «una nueva cultura» que marcará «un antes y un después» en el funcionamiento del sistema público. Aseguró también que se trata de una serie de medidas que exigen la cooperación y rompen con la duplicidad de servicios entre las distintas instituciones. «Una competencia, una administración», señaló.
El paquete de propuestas, según el Gobierno, supondrían un ahorro conjunto de 37.700 millones de euros hasta 2015. Una cantidad en la que se agregan los beneficios de la reforma de la administración local, ya anunciada por Rajoy, y de medidas como la ventanilla única, las centrales de compra y la agilización de la burocracia. De acuerdo con Del Cid, la aplicación de todas estas fórmulas reportarían 16.300 millones, 6.500 de ellos directamente relacionados con los cambios en la estructura organizativa del país. «Le recuerdo al PSOE que la racionalidad del gasto es una obligación», apuntó.
Su homólogo en Andalucía, José Luis Sanz, también animó a la Junta a incorporar estas propuestas. El PP calcula que la aplicación taxativa del nuevo paquete de reformas permitiría a la comunidad ahorrar en torno a 7.000 millones de euros -6.000 en el caso de que se únicamente se atendiera al 80 por ciento-. Un dinero que, recordó Sanz, podría servir para atender algunos de los compromisos económicos pendientes de pago en la comunidad. «Con eso se podrían pagar los 900 millones que la Junta adeuda a las universidades, los 1.200 que debe a los provedores sanitarios, los 400 que no le ha pagado a los ayuntamiento y los 385 que le reclaman las empresas constructoras», señaló.
La lista de entidades vinculadas a la Junta incluye 36 observatorios, muchos de ellos de un contenido parecido a los que el Gobierno ha puesto de paradigma para su eliminación. Del Cid insistió en que la reforma, en caso de aplicación conjunta, no acarrearía despidos, sino mayor eficiencia y movilidad entre el personal que se desempeña en la administración. El Gobierno, sin embargo, ya alertó de que podría haber nuevas bajas, pero en ningún caso numerosas ni relacionadas con los trabajadores no eventuales.
El organigrama del Ayuntamiento de Málaga recoge la existencia de 33 entidades en activo (13 sociedades municipales, 8 organismos, 5 consorcios, 4 fundaciones y 3 órganos especiales). En este apartado se incluyen desde la Agencia municipal de la Energía, al Instituto Municipal del Taxi, la Fundación Félix Revello del Toro, el IMFE, Promálaga, Parcemasa, el Teatro Cervantes, Onda Azul o Emasa. La Diputación, por su parte, participa en 3 consorcios y 2 fundaciones, además de tener a su cargo a Emprovima, Sopde y los patronatos de Turismo y de Recaudación.
