El ministro de Economía, Luis de Guindos, escenificó ayer un nuevo episodio de confrontación con la Junta de Andalucía tras reclamar al Ejecutivo de José Antonio Griñán que corrija su decreto de expropiación después de que la UE haya afirmado que puede afectar negativamente a la estabilidad de la banca y la recuperación económica. De Guindos dijo que el Gobierno ya ha enviado a Andalucía la carta remitida por Bruselas acerca del decreto y confió en que «se tomen los pasos necesarios para que se corrija esta situación».

De Guindos explicó que aunque puede entender las buenas intenciones de la Junta de Andalucía, no se han tenido en cuenta los efectos que esto puede producir en la economía española.

«El problema fundamental es que no se van a dar créditos hipotecarios en Andalucía y no se van a vender viviendas», alertó el ministro, que recordó que el sector de la construcción en la región sigue dando empleo a 120.000 personas.

«Yo estoy convencido de que se va a producir un efecto en el comportamiento de las entidades bancarias, en la financiación y en el acceso a la vivienda», apuntó el titular de Economía, quien añadió que «se esta produciendo una situación diferencial en el acceso vivienda en el resto de España».

Las palabras del ministro tuvieron cumplida respuesta del Gobierno andaluz. El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa, Antonio Ávila, consideró «ridículo» y «fuera de lugar» plantear que el decreto andaluz pueda poner en riesgo el sistema bancario español.

Ávila señaló que De Guindos «no ha enfocado claramente el problema» porque poner en cuestión el sistema bancario por el decreto de la Junta «está fuera de lugar». Además, aseguró que el decreto «tiene todos los filtros legales necesarios como para plantearse una respuesta de esa envergadura».

El consejero señaló también que no tenía constancia de que su Consejería haya recibido la carta remitida por el Ministerio, aunque advirtió de que es posible que la misiva haya sido enviada a la Consejería de Hacienda y no a la de Economía.

Además, la Junta acusó al Gobierno a través de su portavoz, Miguel Ángel Vázquez, de utilizar como «excusa» las objeciones de la Comisión Europea para presentar un recurso contra el decreto de la función social de la vivienda, y le retó a que sea «valiente, coja el toro por los cuernos, y no busque aliados que no pintan nada».

Vázquez comentó que el Ejecutivo central está buscando una «coartada» para presentar un recurso de inconstitucionalidad porque se trata de una decisión «muy drástica e impopular» que los ciudadanos no entenderían.

«Cómo va la gente a entender que se recurra este decreto cuando le hemos dado 41.000 millones a la banca; cómo va a entender la gente que no se permita la dación en pago y se eche a los ciudadanos a la calle, o cómo va a entender la gente, a la que han estafado con las preferentes, que se le dé 41.000 millones a la banca», se preguntó.

El portavoz de la Junta tildó de «alarmista y poco solvente» la comunicación remitida por la Comisión Europea, y apostilló que sus conclusiones se interpretan «desde el lado de los poderes financieros, no de los ciudadanos».

«Nos cuesta pensar que una medida de estas características pueda poner en riesgo la estabilidad financiera. Si fuera así, o nos están mintiendo y no es tan fuerte el sistema financiero, o en la Comisión Europea los que mandan son los bancos», apostilló.

La Junta destacó que en numerosos países europeos, como Holanda, es legal incluso la ocupación de una vivienda cuando ha estado vacía un año, mientras que en Alemania y Suecia se pueden hasta «derribar» viviendas vacías, de forma que la legislación andaluza «está incluso por debajo de estas penalizaciones».

El portavoz subrayó, además, que el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, apoyó «abiertamente» la iniciativa promovida desde Andalucía, de la que ha dicho que tiene «anclaje» en la Constitución y en distintas normativas internacionales. «Creemos que la UE no tiene competencia ninguna sobre este asunto de carácter nacional», remarcó.

El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, calificó como una «impostura» y una «desvergüenza» la posición de la Comisión Europea y el ministro De Guindos y dijo que es falso que el decreto pueda afectar «negativamente» a la estabilidad del sistema bancario.