Sólo un improbable acuerdo de última hora impedirá que el proyecto del metro termine en los tribunales. No será por el diseño del último tramo del metro (Guadalmedina-Malagueta). Tampoco por la coordinación con la EMT. La razón será la más común y que duele más, quién paga la factura.
La Consejería de Fomento cumplió ayer su advertencia de que reclamaría al Ayuntamiento, por vía administrativa, el pago de 32,31 millones de euros por la participación municipal en el proyecto. Las facturas llegaron ayer y el Ayuntamiento sólo tiene tres opciones. Pagar la factura, llegar a un acuerdo para compensarla por obras o recurrir a los tribunales. A lo primero se niega en redondo y el acuerdo parece lejano por la falta de coincidencia con la Consejería de Fomento. El contencioso-administrativo parece la única vía posible para el Consistorio, como ayer mismo confirmó el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.
De la Torre reiteró que la vía judicial será la opción a tomar «cuando corresponda; si corresponde ya, ya». El alcalde de Málaga aseguró además que la notificación de la factura llegó al Ayuntamiento acompañada únicamente de «un escueto escrito, sin ninguna argumentación y sin ninguna explicación», se lamentó. Así, recalcó que el Ayuntamiento «hará lo que proceda hacer» e insistió en que no renuncia a ninguna opción: «Tenemos dos argumentaciones: la jurídica y la política, y cada una en su plano serán utilizadas en defensa de la ciudad».
Francisco de la Torre afirmó que el Ayuntamiento se considera libre de la obligación de abonar parte de la factura del metro, ya que entiende que «nuestra aportación era en unión con la de la comunidad autónoma, mientras venía la financiación del Estado, que fue pactada por la Junta en 2005, sin intervención nuestra y en unos términos de largo plazo». «Si hubiera sido un acuerdo de pago en unos plazos más cortos, nuestra intervención y financiación no era necesaria», apuntó el alcalde.
Por otra parte, insiste en que en Sevilla, ante esta situación, llegaron a un acuerdo para compensar esta aportación económica con obras de movilidad sostenible, algo que también se consensuó para Málaga con la anterior consejera, aunque sin firmar un convenio.
El Ayuntamiento de Málaga aportó obras por valor de 17,5 millones de euros, la cifra de la que se habló inicialmente. Sin embargo, el nuevo equipo de la Consejería de Fomento ha elevado la factura ante los sobrecostes derivados de la construcción del metro soterrado y puso en duda algunas de las actuaciones municipales, al no estar ejecutadas por la administración local directamente sino por empresas privadas a través de convenios. Además, insiste en que no todas tienen el carácter «sostenible» exigido.
