El decano del Colegio de Procuradores de Málaga, Francisco Miguel Bernal, ha asegurado que han presentado en la Subdelegación del Gobierno de Málaga unas 2.500 firmas en contra del anteproyecto de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales que pretende el Gobierno y que, en su opinión, "viene a perturbar el normal desarrollo de la administración de justicia".
Bernal ha indicado que "no queremos volver 20 años atrás", explicando que en la actualidad existe una doble vertiente, la defensa del cliente --los abogados-- y representación, y unirla en un solo profesional, "lo único que hace es retrasar" y perjudicar a los ciudadanos. Además, ha apuntado que afecta a muchos otros colectivos profesionales.
Así, ha asegurado a Europa Press que con estas firmas se pretende que "se reconozca la labor que venimos realizando los procuradores desde hace muchísimos años", como es la de la representación de los ciudadanos para que "los procedimientos vayan por sus cauces legales recogidos en las leyes procesales, para que no haya dilaciones indebidas y los plazos se cumplan".
Otros colegios profesionales
Otros colegios profesionales ya han expresado también su oposición al anteproyecto. Así, el Colegio de Administradores de Fincas ya presentó la pasada semana unas 1.000 enmiendas y los profesionales que se aglutinan en la Unión Profesional de Málaga, entre los que están los anteriores colectivos, también han mostrado su rechazo a esta iniciativa.
Así, la Unión Profesional de Málaga, en la que están representados también los colegios de Abogados, Graduados Sociales, Médicos, Farmacéuticos, Enfermeros, Titulados Mercantiles, Arquitectos, Gestores Administrativos, Ingenieros, Agentes Comerciales y Censores de Cuentas, entre otros, tiene previsto hacer públicas este próximo lunes las enmiendas en contra de dicho anteproyecto.
Según dicha plataforma, el anteproyecto supone "una actitud intervencionista por parte del Gobierno, que podrá destituir a una junta de gobierno nombrada por el colectivo". Además, han mostrado su rechazo a la desaparición de la obligatoriedad en la colegiación en algunos casos, dado que las instituciones "no suponen coste alguno al erario público".
