En relación con el debate sobre la recuperación de los Baños del Carmen, me llama poderosamente la atención el hecho de que últimamente se esté pretendiendo transponer el orden de los datos, transformando los aspectos principales en subordinados, es decir, pasando lo sustantivo a ser, poco a poco, meramente adjetivo.

Así, cuando de lo que se trata es de dar una solución pública a los problemas existentes en un determinado y concreto espacio público (sería lo sustantivo), de repente estamos hablando, sobre todo, de una intervención privada en un espacio también privado. Y viene a resultar que esta intervención privada en un espacio privado, ha devenido (se viene a decir), en el obstáculo o la solución de la actuación pública en el espacio público. Es decir, se diría que se ha puesto en marcha una maniobra de distracción.

La situación es como sigue. Existe, por un lado, una sociedad privada que tiene registrada la propiedad de un terreno, y además es titular de una concesión administrativa en su proximidad, (el Balneario de Ntra. Sra. del Carmen), concesión que, ¡ojo al dato, señores!, está vigente desde hace casi cien años (con lo que ello supone en relación con los datos financieros, en términos de recuperación de la inversión y obtención del previsto beneficio económico). Y, por otro lado, el Estado, como titular, en nombre de todos los españoles, de los terrenos públicos objeto de la citada concesión, que habiendo redactado y aprobado definitivamente un proyecto de actuación, con declaración de interés público, su ejecución le obliga por ley a la previa disponibilidad de los terrenos, alcanzable legalmente mediante un expediente de rescate del citado título concesional, o bien, de su expropiación.

Es decir, básicamente las circunstancias descritas dan lugar a dos tipos de gestiones, correspondientes a las pretendidas actuaciones de cada uno de los entes protagonistas: propiedad privada y el Estado. Si la propiedad privada quiere hacer un hotel en su terreno, pues hágalo, si está en posesión de todas las licencias exigibles, entre ellas las propias de la Ley de Costas (en cuanto a los usos autorizables en la zona de servidumbre de protección), y las definidas por el Planeamiento Urbanístico. Y la segunda gestión sería la propia del Estado, que deberá ceñirse al marco legal del procedimiento administrativo, considerando además el carácter público de los terrenos inicialmente en concesión, sobre los que se desarrollarían sus obras. Y ambos caminos podrían recorrerse, cada uno por su lado, casi independientemente, puesto que los ámbitos físicos son también independientes, al estar materialmente separados por la llamada «carreterita».

Este es el esquema de la situación, a simple vista de comprensión sencilla. Bueno, pues no. Parece ser que de lo que se trata es de mezclarlo todo para conformar la apariencia de un nudo gordiano que provoque la solución «pactada» en el momento adecuado. Soy beligerante convencido con los intentos de hacer negocio privado con lo público, pues no otra cosa distinta cabe deducir del planteamiento privativo, y privatizador, de lo público, que se nos presenta. ¿Cómo va a ser un obstáculo la construcción privada de un hotel (carretera por medio), para la mejora del aspecto y aprovechamiento del espacio público marítimo-terrestre aledaño? O bien ¿por qué la construcción de un hotel privado ha de ser la solución para idéntico objetivo? ¿La solución para qué? ¿La solución para quién?

Y empieza a crearse el ambiente de la solución buscada: «La construcción del Hotel es la clave para financiar las obras€». Es decir, como «la propiedad del hotel paga las obras públicas€» es la idea que podría ir calando, a fuerza de repetirla. Pero lo cierto es que la propuesta del concesionario para los Baños del Carmen se olvida, entre otras cosas, de las obras de protección y regeneración (las más costosas), en beneficio de aquéllas que básicamente aportan valor añadido a las de su hotel, pretendiendo su contabilización como públicas (por ejemplo, el aparcamiento subterráneo).

Todos los días, (y los domingos dos veces, como decía mi padre), en ciertas épocas del año hemos de «aguantar» las voces de la oposición política de turno quejándose a Madrid de que no se invierte en el litoral de Málaga, «¡que es de lo que vivimos€!», se dice. En el presente caso, y ahora mismo, está «cuajando» lo de «€es que con esto de la crisis no hay dinero (estatal, se entiende), para hacer obras». Y todos, tan tranquilos, ni una queja, ni un lamento. Bueno, pues no. No estoy de acuerdo. ¿Cómo que el Estado no tiene cinco o seis millones de euros para invertir, en dos años, en la obra marítima de esta «esquinilla» de la Costa del Sol? Esta pequeña inversión, (porque es pequeña para el Estado, no lo olvidemos), hay que pedirla, y pedirla con insistencia, entre todos: partidos políticos, asociaciones de vecinos, grupos ecologistas, etc. Y además sería una petición medioambientalmente muy justificada, más allá de lo meramente lúdico y estético, porque debe ponerse de manifiesto el deterioro progresivo y pérdida de superficie del recinto de Baños del Carmen, derivados de su escasa protección frente a los temporales de mar ordinarios, protección que se tornaría en prácticamente nula ante la aparición de un gran temporal, con toda seguridad de consecuencias catastróficas para el lugar. Y después, cuando esté protegido el recinto, deberá actuarse sobre el parque. Entre otras cosas porque ese sería el planteamiento lógico del conjunto de las obras.

Y quien quiera hacer, con todos los «papeles» en regla, un hotel en sus terrenos, que lo haga, por supuesto.

*Félix Sánchez Maldonado es ingeniero de caminos