La sentencia del juicio del caso Malaya, contra la mayor trama de corrupción conocida en España, que se hará pública el próximo 4 de octubre, supera ya los cinco mil folios, según informaron a Efe fuentes cercanas al caso.
Son cientos de páginas de hechos probados y otros tantos de fundamentos jurídicos que el tribunal -formado por José Godino, Rafael Linares y Manuel Caballero Bonald- ha trabajado durante el último año y apura en estos días para subsanar posibles errores.
Las fuentes explicaron a Efe que la sentencia superará los cinco mil folios -recientemente el presidente del tribunal habló de cuatro mil- y contará con un índice, por lo que se dará a todas las partes personadas en el procedimiento una copia en soporte informático.
La sentencia se dará a conocer a las 11.00 horas del viernes en la Audiencia Provincial de Málaga, y dado el interés generado por el caso y el elevado número de procesados, está previsto que se haga una lectura pública del fallo o de parte del mismo.
En la sentencia cada procesado tendrá un apartado particular donde se recordará qué delitos se le imputaban, el contenido de su declaración ante el instructor y en el juicio y por qué motivos es absuelto o condenado.
También contará con un apartado de fundamentos jurídicos genéricos, así como de otros concretos sobre cada uno de ellos. La esperada resolución contará con un índice debido a los cientos de páginas de hechos probados y otros tantos de fundamentos jurídicos, además de resolver las cuestiones previas que quedaron aplazadas hasta la resolución final, un apartado que por sí solo supera los 150 folios.
El juicio del caso Malaya siempre ha tenido similitudes con otros de gran trascendencia mediática debido a su complejidad y volumen, pero ha vuelto a superar todas las expectativas de juristas y expertos.
Tras el juicio, la Fiscalía Anticorrupción mantuvo la acusación para 86 de los 95 procesados iniciales y llegó a un acuerdo con tres.
Aunque hay delitos que por su definición pueden parecer fáciles de resolver, como es el caso de la malversación, el Tribunal debe razonar cómo y cuándo fueron cometidos. Otro problema al que se ha enfrentado la Sala es que muchos de los abogados defensores solicitaron en sus escritos finales la libertad de sus clientes.
