Cuando la trama de corrupción política y urbanística del Ayuntamiento de Marbella explotó el 29 de marzo de 2006 para asombro de propios y extraños, pocos imaginaban que esta espectacular burbuja hundía sus raíces hasta casi los albores del gilismo. Cuando Jorge González llegó a Marbella en 1993 de la mano del entonces alcalde, Jesús Gil, no suponía que trece años después una declaración judicial suya en relación con una licencia de obra concedida irregularmente precipitaría la operación `Malaya´.

El jefe de los servicios jurídicos de urbanismo declaró en 1998 en relación al caso `Belmonsa´, afirmando que esa licencia de obra se había otorgado en base al planeamiento en revisión, y no al vigente. Semanas después, concretamente el 20 de julio de ese año, Gil concertó una reunión a la que asistieron el ex asesor municipal de urbanismo, Juan Antonio Roca, y otros funcionarios municipales. En ese encuentro, el `capo´ marbellí ordenó, según se desprende de la declaración de González, que "todos los informes técnicos y jurídicos tenían que hacer referencia a la revisión del plan que estuviera en trámite porque los concejales estaban teniendo problemas y siendo imputados", al no adecuar su votación al PGOU de 1986.

González expresó su oposición a la medida, y a partir de ahí comenzaron los problemas. Gil no sólo despidió a los funcionarios que apoyaban su opinión, sino que desde ese 20 de julio, el jefe de los servicios jurídicos de urbanismo "dejó de ejercer sus funciones y no ha vuelto a emitir ningún informe jurídico sobre las licencias".

Maquinaria judicial. Postergado de sus funciones, González inicia una travesía del desierto que se desarrolló de forma paralela a la caída del imperio gilista. Su declaración del 13 de octubre de 2005, recogida por la Fiscalía Anticorrupción, permitió al juez Miguel Ángel Torres la apertura de las diligencias y, desde luego, sus palabras son inequívocamente clarificadores acerca de cómo trabajaban Gil y los suyos. Sus afirmaciones literales no dejan lugar a dudas: "Siempre he tenido que despachar sus asuntos con Roca directamente en planeamiento".

Es más: "En el 99% de los casos, cuando Roca decía que la licencia tenía que ser favorable, y aunque los informes técnicos fuesen desfavorables, la licencia se concedía".

En alguna ocasión, cuando llegaba una orden de paralización de obra, el alcalde del que se tratara le dijo que "antes de adoptar ninguna medida tenía que consultárselo a Juan Antonio Roca". En esta declaración, denunció que además de "ser marginado", "el asesoramiento jurídico se realiza por consejeros externos contratados por el Ayuntamiento que no son funcionarios", lo que ocurre desde el 20 de julio del 98.

Incluso, cuando la abogada Raquel Escobar llegó al Ayuntamiento, recibió la orden de que ésta "iba a ejercer las funciones del servicio jurídico sin ningún límite en el Consistorio, y que no iba a tener ningún tipo de subordinación jerárquica respecto a él", noticia que le fue trasmitida por Roca.

Los agentes de la Udyco-Costa del Sol aseveran que en una conversación mantenida el 18 de diciembre de 2005 entre Roca y la entonces alcaldesa, Marisol Yagüe, `El Jefe´ "muestra la intención de falsear expedientes de urbanismo, en concreto de licencias de primera ocupación con suspensión cautelar vigente, para con ello justificar su actuación ante los tribunales endosando la responsabilidad a Jorge González".

Riesgo. En su comparecencia ante el magistrado Torres, Jorge González explicó que "hacer cumplir la ley en el Ayuntamiento de Marbella es arriesgado", una circunstancia que le "costó el puesto" . Incluso, aseguró "tener miedo" de que después de esta declaración "pudiera sucederle algo". En cualquier caso, su miedo podría haberse neutralizado tras observar cómo ha engullido la justicia a sus antiguos censores.