A José Godino Izquierdo (La Carolina, Jaén, 1951) le gusta tocar la guitarra, coleccionar soldaditos de plomo y monedas antiguas y es un amante de la Historia; a todo ello habría que sumar su amor por la conversación distendida, su talante tranquilo y la facilidad que tiene para hacer equipo con quienes le rodean. Ingresó en la carrera en 1982, preside la Sección Primera de la Audiencia Provincial desde 2007, y a él le tocó sacar adelante el juicio del caso Malaya, el procedimiento más voluminoso y complejo celebrado jamás en España. Algunos altos cargos y responsables judiciales bromeaban con él diciéndole que jamás celebraría este juicio, pero su determinación, sobre todo, y su mano izquierda y templanza, propiciaron que ya se haya superado el año de sesiones. Se ha sobrepuesto a intrigas jurídicas para retrasar el juicio, a los abrazos de oso de algunos imputados y a la gran expectación mediática que arrastra un proceso en el que conviven la mente criminal más brillante de España, Juan Antonio Roca, y personajes de la farándula tales como Julián Muñoz, Montserrat Corulla o José María González de Caldas.

Ahora, arranca la fase más decisiva del proceso, la de los sobornos, por lo que es buena época para hacer balance. Estarán en faena hasta julio. Luego, tendrá seis meses para poner una sentencia tan difícil como esperada, y dar su dictamen sobre la patología social que supuso el urbanismo salvaje de Jesús Gil y sus secuaces. De padres y abuelos farmacéuticos, Godino da muestras de conocer en profundidad la anatomía de los macroprocesos.

La entrevista que publicaba el domingo, 16 de octubre de 20122, hoy La Opinión de Málaga es la primera concedida a un medio desde que arrancó el juicio.

Cuando Malaya llegó a la Audiencia Provincial pocos pensaron que pudiera celebrarse el juicio. ¿Cómo consiguió poner en marcha semejante trasatlántico?

Ciertamente algunos compañeros me dijeron que era imposible celebrar un juicio de estas características: 95 procesados, cuatro acusaciones, un millón de documentos, 250 tomos, cuatro años de instrucción... El esfuerzo y la constancia de todos quienes participan en este proceso ha demostrado todo lo contrario. Hemos tenido que suplir insuficiencias legislativas e interpretar la ley conforme a la realidad social y a los medios técnicos actuales, simplificando trámites, dando plazos comunes a las partes, celebrando reuniones con los letrados para consensuar la mecánica del juicio e incluso impartiendo instrucciones de mera intendencia como acceso a la Ciudad de la Justicia, uso de togas, ubicación en la Sala, etcétera... Así se puso en marcha el caso Malaya.

¿Se están cumpliendo sus previsiones?

En esencia, sí se están cumpliendo las previsiones. Cuando se inicia un juicio de esta magnitud, las previsiones del tribunal no pueden abarcar más que un mínimo. No pueden preverse con exactitud milimétrica la duración del mismo, ni las incidencias que va a presentar. El caso Ballena Blanca, con 19 imputados duró nueve meses, y Minutas, con 17 imputados, ha durado 15 meses. El caso Malaya tiene 95 procesados y son muchos y más variados los delitos que se le imputan.

¿Le han puesto muchos palos en la rueda de la bicicleta o ha tenido la colaboración de los compañeros y las instituciones?

La colaboración de los compañeros y de las instituciones con el Tribunal está siendo magnífica. Tanto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la Junta de Andalucía como la Audiencia Provincial están prestando todos los medios necesarios para la celebración del juicio en un momento difícil, de austeridad, por la grave crisis económica que padecemos, lo que es especialmente de agradecer.

El juicio se va a prolongar más allá de lo previsto. Algunos responsables judiciales consideran que una vista no puede alargarse tanto. ¿Es posible acortarlo sin llevarse por delante el derecho de defensa, como usted ya ha dejado dicho en varios autos?

El juicio durará lo que tenga que durar. Se prolongará el tiempo absolutamente imprescindible para que las partes puedan expresarse con libertad y ejercer una defensa real y efectiva. La alusión que se realizó a la duración del juicio hay que entenderla como una solicitud a los letrados para que agilicen los interrogatorios. El Tribunal agradece cualquier recomendación que contribuya a la agilización del proceso, pero no tiene intención de asumir un acortamiento del juicio que conlleve detrimento del ejercicio de derecho de defensa, verdadero pilar de todo proceso penal. Tras las cuestiones previas del mes de septiembre y octubre de 2010, el juicio oral propiamente dicho se inició el día 13 de diciembre de 2010, es decir, aún no ha transcurrido el año y estamos en el último bloque, en su recta final. Por eso consideramos sumamente acertadas las palabras del presidente del TSJA, Lorenzo del Río, cuando afirmó que el juicio se viene desarrollando dentro de los parámetros de normalidad temporal de una causa de esta magnitud.

Por cierto, ¿cómo está siendo su relación con los abogados? Algunos de ellos han planteado decenas de pruebas, muchas innecesarias...

Mención especial quiero realizar respecto de la colaboración que abogados y procuradores (fiscal, acusaciones y defensas) vienen dedicando al Tribunal. Es sencillamente ejemplar. Únicamente en este ámbito de respeto y lealtad recíprocos entre letrados y Tribunal, puede celebrarse un proceso de esta magnitud. Respecto a la admisión de pruebas, es cierto que el Tribunal ha sido muy flexible para paliar las carencias que se hayan podido producir en tan compleja instrucción, en la que además se produjo un dilatado periodo de secreto sumarial y un cambio de procedimiento abreviado a sumario que podían haber dejado fuera la práctica de alguna prueba. Honestamente creemos que con la flexibilidad de la Sala se ha alejado cualquier idea de indefensión en esta materia.

¿Qué balance hace después de un año de sesiones, algunas de ellas muy duras?

Ciertamente algunas de las sesiones del juicio oral están siendo duras porque hay puntos de vista de las acusaciones y de las defensas difícilmente reconciliables. Únase a lo anterior que estamos hablando de profesionales curtidos en debates judiciales que mantienen pugnas dialécticas a veces enconadas. La obligación del Tribunal es la de permitirlas en base al ejercicio del derecho de defensa, eliminando sólo las descalificaciones personales y los malos modos, que deben quedar absolutamente al margen del debate forense.

¿Pensó algún día que llegaría hasta aquí el proceso, lo cual es todo un éxito?

Siempre tuve el pleno convencimiento de que el juicio se celebraría, aunque, eso sí, resolviendo cada día los numerosos problemas que sus especiales características vienen planteando. Así, se han examinado y resuelto más de 1.000 escritos en este periodo de tiempo y se han supervisado numerosas operaciones del Administrador Judicial gestionando el patrimonio intervenido a algunos de los procesados, como las relativas a venta y arrendamientos de ganaderías, cuadros, objetos de arte, inmuebles, etcétera...

Hace un año y medio el juicio salió airoso de un intento de retraso por parte de determinados abogados. ¿Se han vuelto a producir maniobras de este tipo?

No, no se han vuelto a detectar maniobras tendentes a la paralización del procedimiento. La oportuna aparición en la prensa, con todo lujo de detalles, de aquella reunión fue suficiente para desmantelarla.

Usted ha conseguido gobernar un proceso complicado, lleno de aristas por limar y con 95 acusados. ¿Ha tirado mucho de la mano izquierda para que primen el consenso y la educación?

La mano izquierda que se ha utilizado ha estado compuesta de buenas dosis de paciencia, buena educación y respecto hacia los justiciables y hacia la labor de los profesionales. Y quiero hacer mención expresa de la ayuda de mis dos magníficos compañeros, Rafael Linares y Manuel Caballero Bonald, con quienes me une una entrañable amistad, y del equipo de secretaría y funcionarios, cuyo esfuerzo constante está permitiendo la celebración de este juicio.

¿Qué hará después del juicio de Malaya?

Cuando concluya el caso Malaya, seguiré celebrando otros juicios y dictando sentencias, que es mi obligación y mi verdadera vocación.