El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, pudo evitar hablar ayer de Mercedes Alaya, los ERE o asuntos que sólo han dado a la Junta dolores de cabeza, ya que visitó la Ciudad de la Justicia para defender la aportación económica hecha por el Gobierno andaluz para la buena resolución del juicio del caso Malaya. Eso sí, el titular de Justicia aseguró que el abogado que representa al Ejecutivo andaluz en el plenario no pedirá prisión preventiva para los condenados una vez que se conozca la sentencia, que se notifica mañana.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó una vista de medidas cautelares tras conocerse la sentencia del caso Minutas y pidió el ingreso en prisión del expresidente del Sevilla, José María del Nido, y Julián Muñoz, condenados ambos a siete años y medio de cárcel. Sin embargo, el tribunal optó por dejarlos en libertad hasta que el Supremo no resuelva los recursos de casación y el fallo fuera firme. Lo mismo ocurrió con el caso Pantoja, solo que esta vez Muñoz sí ingresó en prisión preventiva pese a que la sentencia no era firme.

En este caso, la Junta ejerce como acusación particular, ya que fue perjudicada. El juez Torres, primer instructor del caso, les denegó incluso la posibilidad de personarse como acusación popular al estar su actuación más cercana «a la del responsable civil subsidiario» que a la de perjudicado en Malaya.

Ayer, De Llera explicó que «esas medidas cautelares se piden al principio; no vamos a pedirlas mientras el Supremo resuelve. La prisión preventiva sólo se solicita si hay riesgo de destrucción de pruebas, pero no podemos anticipar la pena. Si no están condenados en firme, no están condenados».

Cuestionado sobre si se solicitará la prisión si las condenas son altas, al menos para los principales encausados -Roca y Muñoz ya están entre rejas-, el responsable de Justicia e Interior, fiscal de profesión, por cierto, insistió en que no se va a solicitar ninguna medida, «y si la pidiéramos, el tribunal diría que no».

Está por ver qué hacen la Fiscalía Anticorrupción, especialista en pedir medidas cautelares, y el Ayuntamiento de Marbella, también personado en este proceso cuyo juicio duró dos años y cuya sentencia tendrá casi 6.000 folios con un índice para que todos los abogados puedan moverse entre las penas, los fundamentos de derecho, los antecedentes de hecho y el apartado de hechos probados.