El exasesor de urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, preparaba desde el mes de noviembre de 2005 su fuga de Marbella, según declaró al juez Miguel Ángel Torres una de las secretarias de Roca en Maras Asesores SL, Ainoa C. G.

La testigo, una de las dos secretarias de Roca en Maras Asesores, aseguró al juez que a partir del mes de noviembre de 2005 observó un cambio de actitud en el ex asesor de urbanismo, dado que "les hizo quitar documentación referente a él, a Maras, a Marqués de Velilla, Beauty, Toros de San Miguel, Marbella Airways, Masdevalía, Condeor y One Properties".

Según esta declaración, Roca trataba de ocultar su vinculación con dichas sociedades y guardó toda la documentación, más de mil carpetas, en al menos quince cajas cuyo destino final se desconoce. La secretaria de Maras aseguró, según consta en el sumario, que "últimamente el señor Roca mostraba una actitud muy rara, creyendo que se debe a que éste quería abandonar Marbella".

Empresarios. Ainoa C. G. identificó a Roca como el "jefe" de Maras Asesores y aseguró que, cuando comenzó a compatibilizar su trabajo en Maras con los trabajos municipales a cargo de Roca, éste le dijo que "tuviera mucha discreción", ya que "en ningún caso debía asociarse al Ayuntamiento con Maras".

La secretaria del cerebro de la trama marbellí refirió al instructor cómo era frecuente la presencia en la sede de Maras de empresarios con proyectos en la ciudad, tales como el uruguayo Alberto Pedroso, el decorador Founet, Celia Marbat, José Ávila Rojas o Ángel Rodríguez, de la clínica Orpea.

Además, aseguró que en ocasiones Roca recibía la visita de sus abogados, Francisco Soriano y Manuel Sánchez Zubizarreta, quienes iban a las oficinas de Planeamiento 2000 "como señor por su casa".

Trato de favor. Otra declaración relevante es la de la asesora jurídica en materia de urbanismo Raquel María E. P., contratada en octubre de 1999 y a la que en 2003 le fueron confiados los expedientes de Jorge González, el técnico que destapó toda la trama de `Malaya´, al quedar éste apartado de sus cometidos municipales.

La letrada relató su asistencia a las reuniones semanales que se celebraban en Planeamiento 2000, previas a la Comisión de Urbanismo, en las que, según su testimonio, eran Roca y el alcalde los que daban las instrucciones mientras que el resto de asistentes eran "meros oyentes".

En estas reuniones el ex asesor urbanístico era quien tenía el listado de los expedientes que debían ser tratados en comisión e iba apuntando los que debían aprobarse y los que no. Sobre las funciones de Roca, la testigo aseguró que " se puede decir que éste mandaba con el beneplácito del alcalde para dar las órdenes pertinentes en materia de urbanismo".

La letrada aseguró que los expedientes en los que el alcalde y Roca tenían interés eran aprobados incluso con deficiencias y por la vía de urgencia; lo que era justificado por éstos con el argumento de que "el promotor debía hacer un pago importante para la obtención de la licencia". Un alto porcentaje de estos expedientes correspondieron a las empresas Naviro, Turraza y Turpina, vinculadas a José Ávila Rojas; Construcciones Salamanca, del promotor Emilio Rodríguez; Condeor, administrada por la testaferro Montserrat Corulla;, así como otras como Oarinsa, Aifos, etcétera.

Según este testimonio, en algunos casos se aprobaron licencias de primera ocupación con incumplimientos sobre las licencias de obras, tales como excesos de edificabilidad.