'Caso Malaya'

El saqueo a Marbella es de 500 millones

03.10.2013 | 19:10
El Ayuntamiento de Marbella fue gobernado por el GIL entre 1991 y 2003. Después, una moción de censura volvió a darle cierta vida.
El Ayuntamiento de Marbella fue gobernado por el GIL entre 1991 y 2003. Después, una moción de censura volvió a darle cierta vida.

Marbella cifra el daño que le han causado el «caso Malaya» y sus hermanos menores («Saqueo 1» y «Saqueo 2») en más de 500 millones de euros, pero la cuantía real está lejos de ser la aportada por los servicios jurídicos municipales. Así lo ha dicho hasta la saciedad el portavoz del equipo de gobierno, Félix Romero, quien habla de «pérdidas incalculables».

Y es que hallar el dato exacto es complejo: por un lado, hay que tener en cuenta el dinero que la trama liderada por Juan Antonio Roca desvió supuestamente del Ayuntamiento y, asimismo, debe ser cuantificado el perjuicio sufrido por las permutas de bienes municipales infravalorados a cambio de otros con un precio muy superior al real, beneficiando así a terceros.

Pero establecer la suma objeto de saqueo no es la única preocupación del Consistorio. A pesar de las cuantiosas multas que se piden en «Malaya» por parte de la Fiscalía y del propio Ayuntamiento, la mayoría de éstas, al estar ligadas al delito de blanqueo de capitales, irá a parar a Hacienda, es decir, al Estado.

¿Por qué? El problema reside en la Ley de Bienes Decomisados, reformada en 2003, que se fraguó al albur de los grandes golpes dados a los narcotraficantes gallegos a finales del pasado siglo. Muchos tribunales veían con desagrado cómo los narcos pasaban pocos años en la cárcel por el delito contra la salud pública para después disfrutar tranquilamente de sus grandes chalés y de sus coches de lujo. Por ello, la norma, que modificaba una anterior, estableció que las propiedades objeto de blanqueo debían pasar a formar parte del Estado.

El Tribunal del caso ha estudiado una fórmula que permita que ese dinero revierta en Marbella, pero eso sólo se podrá comprobar si, en la mañana de hoy, consta en los fundamentos de derecho de la sentencia.

Malaya, al contrario que los casos Saqueo I y II, está compuesto fundamentalmente por delitos de blanqueo y, por tanto, las multas se las quedará el país, de forma que poco o nada verá el Consistorio. En el primer capítulo de Saqueo, donde ya hay sentencia, se obligó a los acusados, entre ellos Roca, a pagar al municipio más de 24 millones de euros, que la ciudad cederá a Hacienda y a la Seguridad Social para disminuir su deuda. En esta causa se investigaban delitos de malversación de caudales, cuyas multas sí se embolsaría Marbella.

Perjuicio patrimonial Así, la Fiscalía pide cuatro millones para el Consistorio por este tipo penal, escasamente presente en Malaya. El Consistorio sitúa la cifra en 14, la cantidad que puede justificar. Y todo ello se debe al perjuicio patrimonial sufrido por la firma de convenios ilegítimos.

¿Qué se puede hacer? El Consistorio ha pedido una modificación de la norma, de forma que la administración pudiera ser depositaria de las propiedades embargadas y así, a su vez, éstas podrían ser entregadas como garantía de pago por parte del Ayuntamiento para afrontar su abultada deuda. «Eso nos aliviaría mucho», explicó Romero.

De hecho, la misma policía ha tardado años en establecer cifras aproximadas del daño efectuado por la trama Malaya al municipio. Así, en total, se habrían blanqueado presuntamente 670 millones de euros (240 de éstos se los atribuye el fiscal a Roca).

En un principio, los bienes intervenidos a los encausados se valoraron en 2.400 millones de euros, pero finalmente la cifra ha decrecido de forma importante: las propiedades del ex asesor de Urbanismo marbellí han sido tasadas por Anticorrupción en 200 millones de euros.

Por tanto, lo esquilmado por quienes sean hoy condenados se devolverá a través de las multas y las responsabilidades civiles exigidas por las acusaciones, que suman alrededor de 4.000 millones de euros. Sólo para Roca se piden sanciones económicas que superan los 800 millones.

Asegurar la responsabilidad De momento, hay numerosas casas, coches y propiedades de distinto tipo embargadas por la Justicia, de forma que se pueda garantizar así el pago de las futuras responsabilidades. Conocida es la presión que soporta el ex alcalde Julián Muñoz, cuyos emolumentos televisivos están siendo sometidos a un conciso análisis por parte de los magistrados de la Audiencia y del propio juzgado instructor. Incluso, se ha acusado desde algunos platós al ex regidor de cobrar en líquido esas apariciones para evitar el filtro judicial, pero nadie ha podido demostrar tal extremo.
Para asegurar el cobro de las responsabilidades pecuniarias, el tribunal ha autorizado la venta del patrimonio de Juan Antonio Roca, lo que se ha hecho a lo largo de los últimos años.

Otros expertos aluden a que el daño no ha sido únicamente económico, sino que la ciudad ha sufrido un importante perjuicio en cuanto a falta de equipamientos o en la ocupación por parte de viviendas ilegales (unas 18.000), la mayoría de ellas regularizadas gracias a un plan general muy permisivo, de numerosas parcelas. Asimismo, también habría que sumar a este cálculo las escasas inversiones en materia educativa o sanitaria que se efectuaron en el municipio durante los 15 años de gilismo.

La gala

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