Sentencia caso Malaya

A la tercera fue la vencida: así cayó Roca

Dos investigaciones anteriores a la que encabezó el juez Torres trataron de poner coto al dominio del Jefe en Marbella: la primera se abandonó porque el Ayuntamiento no colaboraba y la segunda, que estudió la moción, se cerró por falta de pruebas

04.10.2013 | 01:04
La Udyco llega al chalé en el que Muñoz y Pantoja convivían.
La Udyco llega al chalé en el que Muñoz y Pantoja convivían.

Jorge González, jefe del servicio jurídico de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, declaró el 13 de octubre de 2005 en unas diligencias relacionadas con irregularidades en torno al hotel Guadalpín. Este funcionario represaliado por Jesús Gil, dado que se oponía a avalar licencias de obra en base a un PGOU ilegal –el de 1998–, señaló la posición de dominio de un simple asesor de Urbanismo en la corporación liderada por Marisol Yagüe. Sus palabras no cayeron en saco roto. El juez Miguel Ángel Torres, a instancias del fiscal Juan Carlos López Caballero, inició entonces una empresa que parecía una utopía: acabar con Juan Antonio Roca y su organización presuntamente criminal, evitando así el mercadeo en torno a los terrenos de Marbella. Pero antes hubo al menos dos oportunidades perdidas. A la tercera fue la vencida.

Se pincharon teléfonos, se hicieron seguimientos, y se investigó, por primera vez, el patrimonio de los sospechosos. Si no podían explicar los suntuosos bienes con los ingresos legales, podía haber gato encerrado. Ésta fue una novedad capital, puesto que sólo se utilizaba en procesos de narcotráfico, pero su uso se ha generalizado en casos de corrupción.

El seguimiento y las grabaciones a Ismael Pérez Peña, un empresario al que el Consistorio le debía dinero y al que se le iba a pagar amañando la concesión de la grúa, permitieron ir tirando del hilo, de forma que esto llevó a los amaños en los convenios urbanísticos. El 29 de marzo de 2006, cuando fueron detenidos la alcaldesa y el propio Roca, se hallaron en la empresa de éste, Maras Asesores, archivos informáticos con iniciales de empresarios que pagaron y las de los concejales que recibieron. Es la prueba de cargo.

Se trabajó por las tardes, para evitar levantar sospechas; las anotaciones informáticas se mantenían fuera del registro general de los juzgados de Marbella, puesto que el juez Torres temía, como de hecho ocurría, que contara con aliados judiciales: sin ir más lejos el magistrado Francisco Javier de Urquía ha sido condenado por dejarse sobornar por Roca y un funcionario judicial está acusado de lo mismo. El juez, de hecho, debía haber enviado el asunto al reparto, pero se lo quedó él precisamente porque desconfiaba de todos.

Un búnker guardaba los documentos y pruebas que se incorporaban al sumario poco a poco y el secreto se mantuvo hasta casi dos años después del inicio del caso.

La complejidad de la trama societaria de Roca, gracias a la cual pudo ocultar supuestamente 200 millones en propiedades, y lavar 240 millones de euros, obligó a que expertos de Hacienda en blanqueo de capitales analizaran con detenimiento las cuentas y los patrimonios de los imputados.

Los agentes de la Udyco y de la UDEF se fajaron para sacar adelante un caso que amenazó con encallar más de una vez, como ya ocurrió en dos ocasiones: así, en 2000, el responsable del depósito judicial de Cártama denunció irregularidades en las subastas municipales de coches. El Grupo I de la Udyco pidió documentación a la Policía Local en los dos años posteriores, pero los implicados –el Ayuntamiento a la cabeza– «dilataron la entrega» y se abandonó el caso. No se abrió de nuevo hasta octubre de 2006, ya con «Malaya» en marcha y el Grupo III avanzando con eficacia.

Antes, en agosto de 2003, y después de que Julián Muñoz y Jesús Gil se dijeran de todo en Salsa Rosa, la Fiscalía abrió una investigación por posibles sobornos en torno a la moción de censura. Quedó en agua de borrajas y, como se dice popularmente, a la tercera fue la vencida.

Algunos expertos creen que, si en el primer caso se hubiera tirado del hilo, «las cosas habrían sido muy diferentes». La investigación muestra pasajes novelescos, como una reunión vigilada por la policía en un hotel de Madrid; es destacable también el relevo de dos mandos de la Udyco cuando las pesquisas llegan al punto más problemático: cuando hay que tirar hacia la propia cúpula policial (¿quién es J. A. G.?) y política.

La elaboración del sumario fue compleja: noches sin dormir, tardes entregadas al análisis de documentos contables difícilmente traducibles, los nervios previos a las detenciones, el viento a favor en determinados asuntos y la huida de Carlos Fernández.

Además de éste, se fugaron el exedil Javier Lendínez y el empresario José Manuel Llorca Rodríguez, imputado asimismo en Ballena Blanca y Fórum.

El símbolo del proceso quizás sea la imagen de López Caballero llegando a las inmediaciones del chalé de la exalcaldesa Marisol Yagüe, que entonces se recuperaba de una operación. Hay quien dice incluso que hubo otras denuncias anteriores a las que no se les hizo caso. Pero, de cualquier modo, lo más espectacular fueron las grabaciones, donde se calificaba sin rubor al dinero de «gomados», o se comentaba el brete en el que Peña puso al Consistorio –«esto era pa cagarse»–.

Los ataques a la policía y al juez por la práctica de detenciones a diestro y siniestro también fueron habituales, pero lo más difícil consistió en asignar las iniciales a sumas concretas y éstas, a su vez, a actos administrativos injustos. La causa es tan ingente que el fiscal podría haber seguido investigando años, pero había que acotar el campo: así, se han desgajado del tronco común treinta investigaciones más.

La gala

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